Este miércoles podría ser el día clave en cuanto a una posible decisión sobre el conflicto que enfrentan los posesionarios del Ejido “José María Pino Suárez”, al celebrarse la audiencia del Tribunal Unitario Agrario (TUA) en la ciudad de Chetumal, en donde las partes involucradas presentarán pruebas para que los magistrados establezcan quien tiene la razón en cuanto a la titularidad de los terrenos costeros ubicados en el Polígono denominado “Punta Piedra”.

Durante la mañana, se entregarán desahogos sobre el litigio que inició hace 38 años, situación que mantendrá a la expectativa a los integrantes de la mesa directiva del Ejido y principales operadores de Roberto Hernández Ramírez en el municipio de Tulum, quienes pretenden apoderarse de la mayor parte de los terrenos costeros.

La audiencia se lleva a cabo cuando se presenta una situación de incertidumbre entre los posesionarios de los hoteles y cabañas de la zona costera, seis de los cuales enfrentaron desalojos: Las Nubes, Xicho, Vía Láktea, Hamaca Loca, Casa del Jaguar y Tierras del Sol, como resultado de un juicio ejecutivo mercantil.

Por lo tanto, estos desalojos no estuvieron apegados a la ley, ya que de acuerdo con la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, las controversias por límites de terrenos entre dos o más núcleos de población ejidal o comunal y de estos con pequeños propietarios, sociedades o asociaciones, corresponden a los tribunales agrarios unitarios.

Concentración y marcha de posesionarios

Durante la tarde del martes, alrededor de 100 personas –desalojados, posesionarios, trabajadores y familiares-, se concentraron en la explanada del Parque Museo de la Cultura Maya, en donde manifestaron su confianza de que no habrá desalojos en las próximas semanas, de tal manera que podrán trabajar con tranquilidad durante la temporada vacacional de invierno.

Luego de realizar una marcha sobre el Bulevar Tulum, hasta la calle Acuario Norte, en ambos sentidos, pidiendo un alto a los desalojos y enseñando pancartas con diferentes leyendas, indicaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe intervenir para evitar este tipo de irregularidades en contra los inversionistas que llegaron a Tulum a generar empleos, promover el turismo a nivel internacional, así como la protección al medio ambiente, por lo tanto, no son justas las acciones de desalojo que ordena María del Rosario Pérez Basto, juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad.

Melissa Pearlman, operadora de las cabañas Amansala, señaló que el problema no es conocer quién es el legítimo dueño de los terrenos costeros, sino la afectación en contra de los hoteleros, los trabajadores, el turismo, pero sobre todo, la estabilidad del municipio y la Riviera Maya.

Por lo tanto, continuó, es necesario que las autoridades y las partes involucradas encuentren una solución al problema, que resulte benéfico para los posesionarios, la comunidad, la promoción turística y el crecimiento del municipio.

Por último, Melissa Pearlman indicó que los desalojos de los hoteles impactan a nivel internacional, ya que las noticias llegan a Estados Unidos, Canadá y Europa y se dice que Tulum no es estable, por ello, es necesario luchar para no dar una mala imagen que perjudique la llegada de turistas.