Intereses de políticos y funcionarios de alto nivel se encuentran involucrados en el ilegal desalojo de seis hoteles de la zona costera, ya que de acuerdo con la ley no es posible utilizar a la Marina-Armada de México y la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), en el cumplimiento de una sentencia emitida relacionada con un juicio ejecutivo mercantil, por lo tanto, las partes afectadas solicitarán revisar a fondo las acciones de los jueces de Primera Instancia de lo Mercantil de Guadalajara, Monterrey y Playa del Carmen.

Los representantes legales de los posesionarios afectados, explicaron que el actuario Luis Miguel Escobedo Pérez, quien acompañaba al abogado Carlos González Nuño, no presentó el documento de desalojo, en donde aparecía el nombre de Roberto López, quien nunca tuvo una relación con ellos en la comercialización de los predios.

Por lo tanto, promoverán ante las autoridades correspondientes la revisión de la actuación de la titular del Juzgado Civil de Playa del Carmen, así como del actuario, Luis Miguel Escobedo Pérez, ya que presumen que hubo incompetencia de su parte, toda vez que no se tomaron la molestia de verificar la veracidad de los documentos que recibieron para ordenar el desalojo del hotel Ocho Tulum, el 1 de diciembre de 2009, emitido por un juez de lo mercantil de Monterrey, Nuevo León, así como de los seis predios que fueron arrebatados a los posesionarios, el pasado 31 de octubre, con base en una sentencia emitida por el juez Séptimo de Primera Instancia, con sede en Guadalajara, Jalisco.

De igual manera, procederán contra la presidencia municipal de Tulum, ya que el director general de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos, Sergio Luis Terrazas Montes, ordenó que medio centenar de policías acudieran a apoyar las acciones de desalojo en contra de los posesionarios de los hoteles y cabañas “Las Nubes” “Xicho”, “Vía Laktea”, “Hamaca Loca”, “Casa del Jaguar” y “Tierras del Sol”, sin que área jurídica del Ayuntamiento, haya verificado la autenticidad del documento que presentaron el actuario Luis Miguel Escobedo Pérez y el abogado Carlos González Nuño.

Los representantes legales manifestaron que si el área jurídica del ayuntamiento de Tulum, debió darse cuenta que la sentencia era indebida, ya que estaba dirigida a Roberto López y no a Germán Diez de Bonilla, de Cabañas “Xicho”; Roberto Alvarenga Albera, de “Vía Laktea”; Carlos Sastre, de “Tierras del Sol”; Danila Marcheti, de “Hamaca Loca” y Rafael Guerra Asúnsolo, de “Las Nubes”, quienes operaban los centros de hospedaje, por lo tanto, es cuestionable la actuación de las autoridades municipales.

De igual manera, los seis afectados nunca fueron notificados que había un proceso en su contra, por lo tanto no tuvieron la oportunidad de defenderse ante las instancias correspondientes, lo cual indica que hay intereses oscuros en este proceso de desalojo, en donde están involucrados políticos, funcionarios de alto nivel e incluso, empresarios que desean apoderarse de la franja costera denominada “Punta Piedra”, ya que los terrenos son de alta plusvalía, sin importarles si afectan los intereses de inversionistas nacionales y extranjeros.
Por último, los abogados de los posesionarios afectados indicaron que investigarán quienes son los “padrinos” de Eufracia Chávez Valdez, -si en realidad existe-, ya que se presume que en estos actos irregulares pueden estar involucrados aparte de los grupos de poder, integrantes del crimen organizado, ya que la presunta propietaria de los terrenos costeros, tiene su domicilio en Choix, Sinaloa, zona en donde operan los cárteles del narcotráfico.