Nuevamente los representantes legales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sección 25, tuvieron que acudir a defender el predio costero que tiene la organización gremial en el kilómetro 3+200 de la carretera Tulum-Boca Paila, ya que durante la tarde del pasado lunes arribó al sitio el empresario Francisco Fernández, originario de Monterrey, Nuevo León, quien aseguraba que había adquirido la propiedad en meses pasados.

Ante esta situación, fue necesaria la presencia de Valerio Escalante Jiménez, secretario general del SNTE en Solidaridad y Tulum, así como Luis Antonio Pat Fernández, representante legal, para demostrar con un título de propiedad, que data del año 1995, que el terreno lo adquirió el magisterio en ese año.

El empresario explicó que a finales del 2011, adquirió la propiedad que tiene 120 metros de frente por 200 metros de fondo, a Lawrence Javier McKinley García, originario de Chihuahua, por lo tanto, el pasado 12 de marzo, un grupo de sus trabajadores encabezados por Evan Wilberth Estrada, oriundo de Belice y seis personas más, quienes arribaron en una camioneta Nitro, color blanco, placas de circulación UUV-32-06, de Quintana Roo, solicitaron el apoyo de la Policía Turística para desalojar a un grupo de mexicanos y extranjeros que vivían en el predio.

En esta ocasión, el representante del grupo presentó documentos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Quintana Roo, con oficinas en Playa del Carmen, en donde se describe el traslado del dominio con el folio 57019.

Sin embargo, los representantes del magisterio presentaron una serie de documentos a Francisco Fernández, de tal manera que se convenció de que había sido víctima de un fraude por parte de Lawrence Javier McKinley García, de tal manera que procedería jurídicamente en su contra, por lo que se retiró del predio.

Por su parte, Luis Antonio Pat Fernández, representante del magisterio, señaló que para evitar una nueva invasión del predio costero, permitirán que un grupo de artistas urbanos, encabezados por Mauricio Saucedo, de 23 años, originario del Distrito Federal, se encarguen de cuidarlo pero sin alterar el entorno natural, ya que cualquier cambio en el área puede ser considerado como un delito por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Finalmente, Valerio Escalante Jiménez, señaló que durante los próximos días contactarán a funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ya que Faustino Pinto Santos y Marcelo Gaspar Castillo, quien fueron desalojados durante la tarde del sábado del predio, dañaron una gran cantidad de palmas chit, lo cual es considerado un delito, por lo tanto, las autoridades federales deberán proceder en su contra.