A pesar de que un numeroso grupo de ex funcionarios de la administración pasada están siendo investigados judicialmente como resultado de una denuncia promovida por la Auditoría Superior del Estado por participar en las acciones de peculado en las que incurrió la ex presidenta municipal Edith Mendoza Pino, a nivel local no se ha procedido a corroborar las irregularidades que cometieron para imponerles sanciones, tales como inhabilitación para ejercer cargos públicos, multas o amonestación pública.

En la averiguación previa que se le sigue a la ex alcaldesa Mendoza Pino, están involucrados los nombres de la ex tesorera municipal, Genny Yasmín Maza Sánchez; el ex director de Egresos, Víctor Manuel Velázquez Bonfil, así como al ex Director General de Desarrollo Urbano y Ecología, Oscar Alberto Caballero Estupiñán, quienes han declarado en múltiples ocasiones ante el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Playa del Carmen, sobre el millonario desvío de recursos en la administración pasada.

A pesar de esta situación, la nueva administración que encabeza Martín Cobos Villalobos no envió el oficio correspondiente a la Contraloría Municipal, para que documente las irregularidades que cometieron los ex funcionarios, y una vez comprobados, se promueva ante la contraloría estatal, la aplicación de las sanciones correspondientes, tal como lo establece la Ley de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo.

Con base en la ley, la Tesorería Municipal tenía que haber solicitado una investigación sobre el manejo irregular de recursos económicos por parte de estos tres ex funcionarios; sin embargo, a seis meses de que concluya la administración, no se ha hecho nada al respecto, de tal manera, que se corre el riesgo de que no se lleve a cabo este proceso, no se hagan acreedores a sanciones y sus actos en contra del erario municipal queden impunes.

De igual manera, tampoco se realizó una investigación en contra del ex director general de Desarrollo Urbano y Ecología, César Ayala Ovando, quien obtuvo millonarias ganancias al extorsionar a empresarios nacionales y extranjeros, a cambio de entregarles permisos de construcción, tala y otras inspecciones.

Ayala Ovando, quien tiene una orden de aprehensión por parte de la Policía Judicial del Estado, se encuentra prófugo para evitar la acción de la ley, ya que un grupo de empresarios de Mérida y Cancún lo denunciaron por fraude porque les solicitó varios millones de pesos para la entrega de permisos de obra, pero renunció al cargo y se fue del estado y cuando acudieron a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, se encontraron con que su documentación nunca fue ingresada para el trámite correspondiente.

Desde la llegada de la actual administración, se ha inhabilitado para ejercer cargos públicos por tres años a la ex alcaldesa Edith Mendoza Pino, por diversas irregularidades detectadas por la Contraloría Municipal durante el proceso de entrega del despacho que ocupó tras la renuncia a su cargo el pasado 5 de julio de 2012, misma que actualmente se encuentra en la cárcel de Playa del Carmen, detenida por el manejo irregular de la cuenta pública, en donde se detectó un faltante de alrededor de 70 millones de pesos.

De igual manera, el pasado 6 de marzo, la Contraloría municipal anunció una serie de sanciones en contra del ex director de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), Porfirio San Germán Guerra, al detectarse irregularidades cometidas en su gestión, de tal manera que se decidió inhabilitarlo por 12 años para ejercer un cargo público, así como la devolución de 2 millones 404 mil 738 pesos de 10 expedientes que se revisaron aleatoriamente y se le aplicó una sanción económica de 54 mil pesos.