Antonio Manrique Mac, anciano maya que fue despojado de su rancho por el cuñado del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, obtuvo un amparo del Juzgado Tercero de Distrito con sede en Cancún, con lo que el juez de control del Poder Judicial de Quintana Roo deberá llamar a una nueva audiencia en la que se debatirá el no ejercicio de la acción penal dictado por la Fiscalía General del Estado dentro de la carpeta de investigación en la que Manrique Mac denunció a José María Rejón de la Guerra y otras personas.
La sentencia de Amparo dictada dentro del expediente 784/2020 el 10 de diciembre del año pasado, quedó firme en días recientes luego de que el cuñado del Gobernador, José María Rejón de la Guerra, como tercero interesado, no interpuso recurso de revisión en contra de la resolución, ni tampoco lo hizo el juez del sistema penal acusatorio en su carácter de autoridad responsable.
Como se hizo público, Antonio Manrique Mac, anciano de 72 años, fue despojado de su rancho La Caverna, por José María Rejón de la Guerra, quien mediante un entramado fraudulento, simuló la compra del rancho de 37 hectáreas, ubicado en Akumal, y el cual cuenta con hermosos cenotes.
La compraventa del rancho La Caverna se realizó ante el notario 85 de Mérida, Yucatán, Rodolfo Cerón Palma, quien a pesar de las evidentes condiciones de indígena, de discapacidad y de ignorancia del señor Antonio Manrique, dio fe del ventajoso contrato con el que el contador Rejón de la Guerra simuló la compraventa del rancho.
Al darse cuenta de la pérdida de su rancho, y único patrimonio, el 31 de agosto de 2019, Manrique Mac, acudió a la Fiscalía de Tulum a interponer su denuncia, abriéndose la carpeta de investigación FGE/QR/AMPTUL/UITUL/08/1113/2019, la cual, en tres meses fue concluida con un no ejercicio de la acción penal, decretado por el fiscal Jeans Gaspari Chable Yupit, y aprobado por la entonces vice fiscal de Tulum, Estela Noemí Labastida Rodríguez y por el vice fiscal general, Alfonso Marcos García Ramírez; a pesar de las evidentes violaciones al derecho humano de acceso a la justicia de Antonio Manrique.
Después de interponer su denuncia, el señor Antonio Manrique nunca volvió a tener acceso a la misma, puesto que los fiscales Chable Yupit y Estela Labastida, no le permitieron a él ni a sus familiares consultar los registros y mucho menos pudieron conocer los actos de investigación que se realizaban a favor del cuñado del Gobenador, José María Rejón de la Guerra, hermano de Gabriela Rejón de Joaquín.
En la carpeta de investigación es evidente que Antonio Manrique no contó con un asesor jurídico, ya que aunque se le nombró a una asesora de la Comisión de Víctimas del Estado de Quintana Roo en la persona de Fernanda Adriana Leo Barney, ésta nunca lo contactó y tampoco solicitó ningún acto de investigación en favor del anciano maya ni se opuso al no ejercicio de la acción penal decretado de forma meteórica por el Ministerio Público.
Otra irregularidad grave dentro del procedimiento penal, fue que la determinación de no ejercicio de la acción penal le fue notificada a Antonio Manrique Mac a través de los estrados de la Fiscalía de Tulum, por lo que se enteró de la misma meses después, a través de anteriores abogados que le ofrecieron ayuda, y quienes solicitaron audiencia ante el juez de control para impugnar la determinación del Ministerio Público. Sin embargo, llegada la fecha de audiencia, el 6 de agosto de 2020, los entonces abogados de Antonio Manrique renunciaron como sus asesores jurídicos, sin que el anciano maya y su hija, quien funge como su traductora se presentaran a la misma por encontrarse enfermos. Ante su inasistencia, el juez de control desechó la impugnación.
Por lo anterior, el juzgador federal consideró que se violó el debido proceso y de acceso a una tutela judicial efectiva en perjuicio de Antonio Manrique Mac en virtud de que no fue notificado personalmente de la audiencia de 6 de agosto y tampoco se le explicó cuál era la trascendencia de su incomparecencia, máxime que se trata de un adulto mayor, discapacitado y con dificultad para comprender el idioma español; por lo que otorgó el amparo y protección de la justicia a efecto de que se reponga la audiencia y se le notifique personalmente de la misma.
Con lo anterior, el Poder Judicial de Quintana Roo deberá fijar una fecha de audiencia para que los abogados Fabiola Cortés Miranda y Moisés Araujo Olmos, impugnen la determinación del no ejercicio de la acción penal de la Fiscalía General del Estado, lo que podría reabrir la carpeta de investigación en contra de José María Rejón de la Guerra.
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