Resistiré, como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie

Hoy hablo en primera persona porque contaré una historia propia. Una historia que empezó a escribirse en diciembre de 2020 cuando como periodista hice público un caso en el que está involucrado un familiar del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González; caso que ha sido ampliamente conocido y sobre el que se han ocupado medios nacionales e internacionales, como Milenio y recientemente, Telemundo.

Sin temor a errar, puedo afirmar que a partir de ese diciembre de 2020 ha existido un interés de silenciar a la que esto escribe, y como dijo el “maestro” Alito, un interés en matar a esta periodista… de hambre.

LAS DENUNCIAS QUE SÍ LLEGARON

Una de las primeras reacciones a la difusión del caso del anciano despojado de su rancho provino del gobernador del estado, Carlos Joaquín González, quien a través de sus cuentas de Twitter y Facebook publicó el 7 de diciembre de 2020 el siguiente mensaje:

Aclaro que mi esposa Gaby Rejón de Joaquín y un servidor no hemos tenido parte en la compraventa del predio mencionado por la periodista Fabiola Cortés. Exijo se presenten pruebas. Me reservo las acciones legales que procedan de dichas aseveraciones.

Hasta la fecha no he sido notificada de alguna acción legal emprendida en mi contra por el Gobernador, por mis ‘aseveraciones’, es decir, por la publicación del caso en el que participó su familiar. Lo que sí puedo decir es que existen varias carpetas de investigación en las que se me señala de cometer diversos delitos, carpetas todas que iniciaron en fecha posterior a diciembre de 2020, o en las que los “testigos” comparecieron a reconocerme y señalarme después de diciembre de 2020, y cito solo algunas: FGE/QROO/SOL/02/743/2021 y FGE/QROO/OPB/01/223/2021.

PERRO SÍ COME PERRO

También a partir de diciembre de 2020 varios periodistas y medios de comunicación locales, afines al gobierno del estado, iniciaron una campaña de publicación de notas falsas, denigrantes, insultantes y algunas que hacían apología al odio en contra de la que esto escribe; inclusive se crearon páginas de Facebook como Regio News, que inició publicaciones en enero de 2021, y se estrenó con diversos videos dedicados a esta periodista, en los que se me acusa de despojar terrenos millonarios, de haber despojado de su predio a una “humilde mujer maya” de Mahahual, de ser abogada de caciques priistas, de usar el activismo y el periodismo como fachada para obtener beneficios económicos, de denunciar casos de corrupción y a fiscales para forzar a las autoridades judiciales y ministeriales a otorgarme fallos favorables, de extorsionar a empresarios y a mis exparejas; entre otras linduras.

La página RegioNews ha pagado publicidad por cada uno de los nueve videos que me ha dedicado para alcanzar a un millón de personas, focalizando su target a Quintana Roo, esto es, para llegar a más de la mitad de la población de Quintana Roo, considerando que el estado tiene un 1 millón 857 mil 985 habitantes, de acuerdo al Censo de Población 2020 publicado por el INEGI.En esta campaña complementan la orquesta dos comparecencias del fiscal general del estado ante la XVI Legislatura del estado de Quintana Roo, una de 15 de diciembre de 2020 y otra de 10 de febrero de 2021, en las que Óscar Montes de Oca Rosales me acusa de dedicarme al litigio de predios de millones de dólares, de ser falsa activista, de presionar a la Fiscalía para obtener beneficios personales y de despojar a una “comunidad humilde de verdad en Mahahual”. Esa línea discursiva del fiscal Óscar Montes de Oca Rosales ha sido retomada, reproducida y reforzada por periodistas y medios de comunicación.

A lo anterior se agregan las voces de supuestas víctimas despojadas de su patrimonio por la que esto escribe; una marcha realizada en enero de 2021, por mujeres y niños, en su mayoría, en la que me acusan de haberlos despojado; y que concluyó con pintas en las paredes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chetumal, en las que quedaron plasmadas frases como “Fabiola rata”. Para mi escarnio, esas pintas permanecieron durante casi un mes en la FGE.

En la intensa campaña no faltaron los mensajes intimidantes que alcanzaron a integrantes y participantes de Somos Tus Ojos, así como el despliegue de decenas de bots dedicados a replicar los mensajes y a insultar. También, en diciembre de 2021 lograron robar mi línea de teléfono celular, mi cuenta de whatsapp y por unas horas mi cuenta de Facebook;  no pudiendo apoderarse de Twitter.

NO HAY QUE MATARLOS A BALAZOS…HAY QUE MATARLOS DE HAMBRE

Los orquestadores de la campaña se han empeñado en destruirme no solo como periodista y activista, sino como abogada, a sabiendas que mi desempeño como abogada litigante es lo que me permite ejercer un periodismo independiente y sostener la asociación Somos Tus Ojos.

Desde diciembre de 2020 hasta ahora mis batallas han sido muchas y constantes, pero después del 17 de junio pasado puedo decir que inicia una de mis luchas más importantes.

LA FEADLE REVICTIMIZÓ Y PROTEGIÓ A GOBERNADOR Y FISCAL GENERAL

El 17 de junio próximo pasado se llevó a cabo una audiencia ante un juez federal para impugnar la determinación de “no ejercicio de la acción penal” que el cinco de abril la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) dictó dentro de la carpeta de investigación FED/FEMDH/FEADLE-QR/0000846/2021 y en la que esta periodista denunció al gobernador del estado, Carlos Joaquín González, al fiscal general Óscar Montes de Oca Rosales, y a una tercera persona, por delitos contra la libertad de expresión.

La FEADLE desde la interposición de mi querella, en febrero de 2021, tuvo el mayor de los intereses por no investigar, decretando a 5 días de presentada mi denuncia, una “abstención de investigar”; determinación que fue revocada por un juez federal y que forzó a la fiscalía de periodistas a abrir la carpeta de investigación.

Durante meses la FEADLE se abstuvo de notificarme el inicio de la carpeta, y realizó actos de investigación a modo, en los que concluyó que soy “empresaria” del ramo inmobiliario, que tengo ‘vínculos políticos que se extienden a una corriente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que se relacionan con acciones de vivienda y protesta social, y a organizaciones como la Coordinadora Única de Damnificados y la Unión Popular Nueva Tenochtitlán’, y que como periodista me dedico a ventilar mis litigios particulares; reporte de investigación que firmó Sergio Aquiles González Godinez, director de análisis de contexto de la FEADLE, a quien denuncié en la Fiscalía Anticorrupción por incorporar a la carpeta de investigación información falsa sobre esta periodista.

Para cerrar la carpeta la FEADLE también echó mano de peritos en psicología que realizaron un “análisis documental de publicaciones”… y quienes concluyeron que los contenidos no tenían un sentido amenazante ni intimidante hacia mi persona.

Por otra parte, la FEADLE no accedió a realizar los diversos actos de investigación que le solicité.

EL ESTADO MEXICANO TIENE LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

En la audiencia del 17 de junio pasado, el Juez federal Jesús Alejandro Ávila Gutiérrez revocó la determinación de no ejercicio de la acción penal de la FEADLE y le ordenó realizar una investigación exhaustiva, integral, y agotar todas las posibles líneas de investigación; además de apegarse al Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.

En la audiencia de casi cinco horas en la que expuse por qué era procedente revocar la determinación de la FEADLE, y sin que Estephania de Jesús Muñoz Pérez, Fiscal en jefe, pudiera defender su acuerdo; el Juez concluyó con una explicación de trascendencia para la protección de la libertad de expresión: el asunto es complejo; no se trata de conductas físicas evidentes por parte de los denunciados, sino de acciones que en su conjunto podrían tener el objetivo de limitar, inhibir u obstaculizar el ejercicio de la libertad de expresión.

Y sí, el asunto sin duda es complejo y se asocia a esa frase por la que Alito Moreno podrá ser recordado, y que se entiende como el hecho de que obstaculizar, estorbar, limitar, impedir o reprimir la actividad periodística no solo se logra asesinando, golpeando o desapareciendo periodistas, también se puede lograr de forma más velada pero igual de efectiva.

Es así que a partir de ahora iniciamos un largo camino legal para demostrar que a los periodistas no solo se les quiere matar a balazos, también se les quiere silenciar de otras formas.

Aquí parte del razonamiento del Juez que echó abajo el no ejercicio de la acción penal de la FEADLE.

“(…) lo que aquí descontextualiza precisamente la Fiscalía es que no es en sí el acto individual que realiza cada uno, sino lo que se suscita en el entorno de ello. Hace una referencia desde su denuncia, que con motivo de esa esas publicaciones empieza a ser, y perdón la utilización de este vocablo, golpeteada, a través de otros periodistas que considera están pagados (…) por funcionarios públicos con dinero del estado con la finalidad precisamente de desacreditar su trabajo eso es la forma en que debe de ser analizada, investigada esa denuncia; no como un hecho aislado (…) de lo que declaró el Gobernador y lo que declara el Fiscal general del estado; pues insisto si se analiza de manera individualizada ello evidentemente no encuadra en ninguna de las conductas típicas de su sola circunstancia; pero debe ser analizada precisamente bajo ese protocolo de investigación porque no podemos perder de vista precisamente que dentro de (…) las obligaciones que tiene la Fiscalía, en este caso especializada, es la de realizar una investigación exhaustiva, es decir, todas las líneas que pudieran resultar.

Esa investigación, también, no debe de perderse de vista, que conforme también a este protocolo, lineamientos que se establecen, no puede dejarse la carga de la prueba a el periodista, sino que deben de realizarse actuaciones incluso de manera oficiosa por parte de la entidad investigadora; sobre todo si tomamos en consideración que nosotros como país, hablando del Estado hemos firmado diversos convenios precisamente para la protección de los periodistas, entonces como Estado, tenemos la obligación de que los sectores que se encuentran dentro de una categoría sospechosa, dentro de una categoría que puede ser objeto precisamente de una violencia y respecto de la cual, en el caso de los periodistas lamentablemente en nuestro país lo son, entonces el Estado debe de garantizar precisamente el acceso a la justicia y debe de realizar las investigaciones (…) con el fin precisamente de garantizar ese derecho de libertad de expresión y todos los entes del Estado tenemos la obligación precisamente desde la investigación, impartición de justicia, de permitir ese acceso a ese derecho.”

NOTAS RELACIONADAS

FEADLE SE NIEGA A INVESTIGAR A GOBERNADOR Y FISCAL DE QROO PERO JUEZ FEDERAL REVOCA SU DETERMINACIÓN