En lo que fue la segunda marcha pacífica de los pescadores desalojados de la cooperativa Patria y Progreso, estos exigieron la intervención del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa ante la situación que viven hoy en día los socios de estas cooperativas.

La tarde de este jueves, los miembros de la cooperativa y sus familias realizaron una segunda marcha repitiendo sus peticiones y agregando la intervención del presidente de la república para dar solución al problema de los pescadores.

Los pescadores señalaron que al ser una dependencia de nivel federal la que ordenó el desalojo, es importante que el presidente de la república tome cartas en el asunto para dar una pronta solución al problema de los hombres de mar.

Mencionaron que de acuerdo a las pláticas que han entablado con Pedro Reyes, representante del gobierno estatal, la solución más viable que han encontrado hasta el momento es una posible reubicación de la cooperativa para que los pescadores sigan trabajando.

Indicaron que la cooperativa podría aceptar una reubicación con la condición de que el gobierno estatal se comprometa a darles la concesión de la nueva zona que ocuparían.
Los hombres de mar se dijeron preocupados pues esta problemática causada, según ellos por el abuso de autoridad de la Administración Portuaria Integral (API), ha causado que sus familias padezcan de falta de sustento económico por estar solucionando la problemática.

A cinco días de que se diera el despojo de los pescadores de la cooperativa Isla Blanca, aún no se define si la cooperativa procederá a ampararse o buscará algún otro recurso legal que pueda devolverles la concesión de la zona federal hoy desalojada.

Cabe señalar que la propuesta del Gobierno del Estado consiste en reubicar a los pescadores a algún recinto portuario, en lo que se define la situación legal de la zona federal, para que estos sigan trabajando y no sufran afectación económica.

Por último, los pescadores exhortaron a las autoridades estatales y federales a dar pronta respuesta para que puedan regresar a sus actividades cotidianas sin afectar el bienestar de sus familias.