Buscarán ampararse los miembros de la cooperativa pesquera Isla Blanca ante el desalojo por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de la Zona Federal Marítima en la que los hombres de mar desarrollaban sus labores cotidianas.

A un día del desalojo de la cooperativa pesquera Isla Blanca a favor de los empresarios José Luis Ballesteros y Pablo Aguirre, los miembros de la cooperativa ya buscan un posible amparo en lo que se define la situación definitiva de la zona federal.

Al parecer, la Administración Portuaria Integral (API) realizó una presunta duplicidad de concesiones, pero al momento de registrar los documentos la API aprovechó la oportunidad y registró a los empresarios como los concesionarios de la zona disputada ante la instancia federal.

Estos hechos se suscitan desde hace alrededor de cuatro años cuando la SCT solicita a la cooperativa pesquera Isla Blanca poner en regla su documentación y al ser un recinto portuario hacerlo a través de la API.

Los cooperativados señalaron que ante esto realizaron la sesión parcial de derechos, pues era un requisito para que la API los diera de alta ante la SCT.

Los directivos también señalaron que ellos tenían la concesión de la zona federal pues la Semarnat era quien les entregó la posesión de la misma, pero luego la zona paso a manos de la SCT por ser un recinto portuario.

Los agraviados mencionaron que Javier Zetina Gonzales, titular de la API en esa fecha fue quien supuestamente estaba realizando el trámite de registro “ficticio” ante la SCT.

A los 15 días de la supuesta alta de la cooperativa como concesionarios ante la SCT, llegó José Luis Ballesteros reclamando el área bajo su concesión a lo que los pescadores manifiestan que ellos son los concesionarios de dicha zona.

Posteriormente Jorge Cárdenas Bazan les notifica que José Luis Ballesteros y Pablo Aguirre -originarios del Distrito Federal- eran los nuevos concesionarios de la zona federal.

Los pescadores mostraron la documentación en la que la API supuestamente realizaba el registro de la cooperativa Isla Blanca ante la SCT, incluso mostraron los documentos donde pagan la cuota trimestral por la concesión hasta enero de 2010.

Los inconformes indicaron que el convenio con la API existe desde el 31 de julio de 2008, fecha en la que iniciaron los pagos por la concesión de la zona que hoy se encuentra en disputa.

Pese a estas acciones, la API desconoció el convenio y realizó uno nuevo a favor de los empresarios, para posteriormente darles de alta ante la SCT como los nuevos concesionarios.

Los pescadores mencionaron que el muelle y la rampa que también fueron asegurados, fueron construidos con recursos federales y estatales mismos que no saben si quedarán dentro del área decomisada.

Mencionaron que dichas áreas incluso les sirven para guardar sus embarcaciones en temporada de huracanes y si los dejan sin el área muchos pescadores saldrán perjudicados.
Afirman que la API les hizo una “trampa” para que los empresarios se apoderaran de la zona federal y aprovechó la oportunidad para arrebatar la concesión a los hombres de mar que vencía hasta el 2015.

Cabe señalar que José Luis Ballesteros y Pablo Aguirre también fueron propietarios de la marina Puerto Isla Mujeres, donde construyeron en el área y remodelaron para luego venderla.
Se sabe que los empresarios planean edificar condominios en la zona en cuestión y la zona de playa se utilizaría para los propietarios de los condominios que se pretenden construir en la zona federal.

El área que comprende las dimensiones de 11 metros de largo por 40 de ancho podría rendir fructuosos ingresos para los empresarios o regresarle su área de trabajo a los 70 pescadores perjudicados que temen por el bienestar de sus familias.

Los directivos de la sociedad pesquera destacaron que ya se encuentran promoviendo un amparo para poder seguir laborando en lo que se define la situación jurídica del predio.
Mencionaron que desde hace un mes los pescadores no han podido salir a la mar por el clima de los últimos días y que esta situación vino a terminar de perjudicarlos económicamente.

Para finalizar, los cooperativados comentaron que de acuerdo con la solución que plantee el gobierno de estado, podrían realizar una marcha pasiva este jueves con el apoyo de otras cooperativas y sociedad isleña que se unan a la causa.