La Procuraduría General de la República, a través de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), integró una investigación para desarticular una red de protección a la organización delictiva de “Los Zetas” que operaba en Coahuila, en la que participaron funcionarios y ex funcionarios federales y estatales.

Desde el inicio de su administración, la procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez, ha mantenido un proceso de fortalecimiento institucional mediante una depuración de personal que se ha apartado de la Ley, quienes son llevados ante el Poder Judicial de la Federación para que sean sancionados conforme a derecho, por los ilícitos que cometan.

Como resultado de esta investigación se han realizado cateos en 11 domicilios (nueve en Saltillo y dos en Monterrey), inmuebles que fueron asegurados, y se ha identificado a 11 servidores y ex servidores públicos que colaboraban con la agrupación criminal: Cuatro de ellos fueron aprehendidos y actualmente enfrentan los correspondientes procesos penales, otros cuatro están arraigados y tres más son considerados prófugos de la justicia.

Una vez identificados los ex servidores públicos que integraban la red de protección, el agente del Ministerio Público de la Federación consignó el expediente ante un juzgado federal por el ilícito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, y al día siguiente un juez otorgó la orden de aprehensión.

Los ex servidores públicos detenidos son: Sergio Tobías Salas, alias “Tobogán”, subdirector regional de la Fiscalía General de Coahuila, a quien le fue cumplimentada la orden de aprehensión el 15 de febrero de 2012, actualmente está sujeto a proceso penal.

Manuel Jesús Cícero Salar, alias “Viejo Loco”, ex director de Seguridad Pública en Ramos Arizpe, a quien el 18 de febrero pasado le fue cumplimentada una orden de aprehensión, y en términos de Ley recibió la notificación de formal prisión.

Julio César Ruiz Esquivel, alias “Chicho”, agente de la Policía Ministerial en Coahuila, adscrito al Palacio de Gobierno en Saltillo, se cumplimentó la orden de aprehensión en su contra y le fue decretada la formal prisión.
Claudia González López, encargada de la Subdelegación de Procedimientos Penales “B” en Saltillo, de la Procuraduría General de la República, quien en cumplimiento a una orden de aprehensión, el 15 de febrero fue puesta a disposición de un juez federal y actualmente enfrenta proceso penal.

Otras cuatro personas relacionadas con estos hechos, actualmente están arraigadas por un plazo de 40 días:

1. Dos elementos de la Policía Investigadora
2. Un Policía Estatal
3. Un Policía Federal Ministerial
Hay tres personas prófugas, identificadas como Jorge Luis Valbuena Flores (a) “Valvuena” o “Balbuena”, Enrique González Nava y Humberto Torres Charles (a) “Glenda”. A través del acuerdo A/042/12, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 6 de marzo del año en curso, se ofrecen hasta tres millones de pesos por concepto de recompensa, a quien aporte datos útiles que permitan su localización y detención.

En la investigación se aseguraron sobres con numerario en moneda nacional y extranjera, que se encontraban separados y etiquetados en una serie de documentos identificados como “nóminas”, en los que se mencionaban nombres clave de diversos funcionarios públicos del estado de Coahuila.

En marzo de 2011, fueron detenidos y puestos a disposición de la SIEDO dos probables colaboradores de “Los Zetas”, quienes al rendir declaración ministerial, proporcionaron indicios de que funcionarios de Coahuila participaban en las actividades delictivas de la organización.

Posteriormente, en agosto de 2011, elementos del Ejército Mexicano pusieron a disposición de la autoridad ministerial a dos personas, que eran jefes de célula de la organización criminal, quienes también aportaron información relacionada con los presuntos vínculos de servidores públicos del estado, a través de operaciones diversas a cambio de dinero. En noviembre, un tercer miembro de la organización detenido, aportó datos en el mismo sentido.

En seguimiento a la indagatoria, en enero de 2012, se obtuvo la declaración de un mando de la agrupación delictiva, lo que permitió identificar, por su nombre, a cada uno de los alias que se encontraban en las “nóminas”. De esta forma, la autoridad ministerial logró ubicar que:

“Glenda”, era el apodo con el que miembros de la organización identificaban a Humberto Torres Charles, encargado de mantener el control al interior de la Fiscalía General del Estado, a fin de que se desviara el curso de las investigaciones que relacionaban a la organización. Laboró en la Secretaría de Salud de Coahuila. Se le entregaban $300,000.00 mensuales.

“Valbuena” o “Balbuena”, era la denominación que le daban a un Policía Federal, y corresponde al apellido y apodo de José Luis Valbuena Flores, quien avisaba de los operativos y era el encargado de “limpiar la carretera” cuando se pasaba droga, armas o dinero, y colocaba en puntos específicos de Saltillo los filtros de revisión. Por esa actividad, recibía un pago de $70,000.00 mensuales.

“Tobogán”, corresponde al alias otorgado a Sergio Tobías Salas, encargado de la organización de operativos en Piedras Negras, Ciudad Acuña, Monclova, Torreón y Saltillo, para transportar drogas y contrabando. A esta persona, la organización criminal le entregaba entre $100,000.00 y $150,000.00 mensuales que según los indicios, era distribuida en la Institución.

Los otros funcionarios que fueron identificados como colaboradores de la organización, son:

Manuel Jesús Cícero Salarar (a) “Viejo Loco”, presuntamente era el encargado de informar a los integrantes de la organización delictiva los lugares en donde se realizarían operativos, con la finalidad de que se evadieran; era encargado de retirar retenes en lugares por donde circulaban los colaborares de la organización para que pudieran transitar sin problemas. Además, se tiene identificado que revisaba los vehículos de integrantes de organizaciones antagónicas, para evitar que operaran en la zona. Recibía $ 500,000.00 mensuales.

Julio César Ruiz Esquivel (a) “Chicho”, era el encargado de pasar información de los movimientos que había dentro de la policía estatal. El pago que recibía era de entre $30,000.00 y $50,000.00 pesos mensuales.

Claudia González López, quien ayudaba cuando algún miembro de “Los Zetas” era detenido. En el ejercicio de sus funciones, buscaba adecuar los hechos de manera que las imputaciones no fueran por delitos graves, con la finalidad de que alcanzaran fianza. Recibía $100,000.00 pesos mensuales.

Enrique González Nava (a) “Yaqui”, Jefe Regional de la Agencia Federal de Investigación en Coahuila. Era el encargado de repartir la nómina entre el personal a su cargo para que dejaran trabajar a “Los Zetas”. Su pago era de $600,000.00 mensuales.

FUNDAMENTAL LA COLABORACIÓN CIUDADANA EN EL PROGRAMA DE RECOMPENSAS

De igual manera, en cumplimiento al compromiso de llevar ante la Justicia Federal a toda aquella persona que se separe de la legalidad y que se beneficie de esas acciones, la PGR, a través del Acuerdo A/043/12, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 6 de marzo, se ofrece hasta dos millones de pesos como recompensa para la localización y aprehensión de Nehemías Cruz Hernández y José Daniel Martínez Vasconcelos.

Ambas personas se encuentran vinculadas con las actividades ilícitas de Esiquio Martínez Hernández, quien durante su desempeño como Secretario de Acuerdos del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, incrementó su patrimonio injustificadamente, en el período de 2003 al 2010, por un total de $50,707,633.00 de los que no acreditó la legalidad, ni que fueran obtenidos con motivo de su empleo en el servicio público.

De acuerdo con la indagatoria, Nehemías Cruz Hernández y José Daniel Martínez Vasconcelos, realizaron operaciones con recursos de procedencia ilícita en sus cuentas bancarias, con el fin de evitar que se conociera el origen ilícito de los recursos de Esiquio Martínez Hernández.

Esta investigación inició con motivo de la denuncia contra quien o quienes resultaran responsables de la comisión del delito de enriquecimiento ilícito, previsto y sancionado en el artículo 224 del Código Penal Federal (en la hipótesis de quien con motivo de su empleo en el servicio público haya incurrido en enriquecimiento ilegítimo, cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio en los términos de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos), que presentó el Consejo de la Judicatura Federal el 20 de mayo de 2011, a la Procuraduría General de la República.

Lo anterior, toda vez que Esiquio Martínez Hernández no logró acreditar la legalidad de los recursos con los que registró un incremento patrimonial injustificado.
Además, se logró identificar que José Daniel Martínez Vasconcelos, hijo de Esiquio Martínez, y Nehemías Cruz Hernández, medio hermano del inculpado también eran probables responsables del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El ex servidor público realizó 87 operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de invertir, en el período del 2003 a 2010, asimismo, porque realizó dos transferencias, una de ellas por $14,000,000.00 (catorce millones de pesos 00/100 moneda nacional) y la segunda por $14,500,000.00 (catorce millones quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional) con recursos de los que no logró acreditar la legal pertenencia.

El 3 de febrero de 2012, el Fiscal de la Federación ejerció acción penal por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita contra las tres personas y al día siguiente, obtuvo la orden de aprehensión contra los sujetos, por el delito consignado.

El 13 de febrero, elementos de la Policía Federal Ministerial dieron cumplimiento en reclusión a la orden de captura librada contra Esiquio Martínez Hernández, a quien se sujetó a proceso penal por ese ilícito.

En tanto, continúa vigente la orden de captura que se libró contra los familiares del ex servidor público, para que una vez ubicados y detenidos, sean puestos a disposición de la autoridad judicial.

De esta manera, el Gobierno Federal y la Procuraduría General de la República, refrendan su compromiso de llevar a la Justicia a los delincuentes para que sean sancionados por los delitos que cometieron.