En sesión realizada la noche de este martes, el Congreso del Estado nombró a la Comisión Instructora que se encargará del estudio, análisis y determinación de las faltas que constan en la denuncia de juicio político contra la presidenta municipal de Tulum, Edith Mendoza Pino, para lo cual fueron elegidos el diputado José de la Peña Ruiz de Chávez, del Partido Verde Ecologista, como presidente; y Jacqueline Estrada Peña, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Paul Michell Carrillo de Cáceres, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como integrantes.

Tras la elección, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Luciano Sima Cab, ordenó que el expediente de la denuncia de juicio político sea entregada de inmediato a la Comisión Instructora, y su presidente, José de la Peña Ruiz de Chávez, informó que en breve convocará a su primera reunión de trabajo para iniciar el estudio de la denuncia, sin precisar una fecha.

En la sesión, se dio lectura ante el pleno de la XIII Legislatura de la resolución de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado que declaró la procedibilidad de la denuncia de juicio político presentada por los regidores Silvia Emelina Lugo Flota y Bartolomé MayAbán contra la alcaldesa de Tulum, Edith Mendoza Pino, la cual cumplió todos los requisitos establecidos para dar paso a la investigación del fondo de las acusaciones.

En la lectura de la resolución, se dio cuenta de que la denuncia aportó pruebas documentales de que la alcaldesa incurrió en faltas graves a la Constitución y las leyes estatales, en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, principalmente por actos que representan abusos de autoridad y manejo indebido de fondos y recursos públicos.

Los documentos de prueba corresponden a comprobantes del uso de recursos públicos durante el ejercicio fiscal 2011, y fueron cotejados y certificados por la Auditoría Superior del Estado, como copias fieles de los documentos que forman parte de la cuenta pública municipal presentada para ese año por el ayuntamiento de Tulum.

Faltas imputadas a Edith Mendoza

En la resolución, se detalla que la alcaldesa de Tulum desde el inicio de su administración se ha negado a otorgar las prestaciones sociales mínimas a los policías municipales, a los que no reconoce todavía como empleados, con lo cual al Comisión de Justicia consideró que se causa perjuicio a los intereses públicos fundamentales, al violar los derechos laborales de los agentes, afectar el rendimiento de la corporación encargada de la seguridad de los ciudadanos y ponerlos en riesgo de caer en actos de corrupción.

Asimismo, se le señaló la adquisición de uniformes y equipos para los policías por más de 2 millones de pesos, en una adjudicación directa que realizó mediante la simulación del cumplimiento de requisitos para evadir la licitación pública de la compra.

Más grave aún, los documentos muestran que el 100 por ciento de la obra pública pagada por el ayuntamiento de Tulum en 2011 no fue asignada mediante licitación pública, sino que las 36 obras que se contrataron fueron entregadas a empresas por asignación directa o invitación restringida, lo cual, además de violar las leyes que rigen estos procedimientos, implica que no se garantizaron que la comuna tuviera las mejores condiciones del mercado para la ejecución de ellas.

Otra falta fue que Edith Mendoza Pino hizo pagar 550 mil pesos en despensas a la empresa COMA, al día siguiente de su entrada en funciones como alcaldesa, pago que la denuncia presume que fue para cubrir con recursos públicos un gasto de campaña y que además adjudicó de manera directa, sin licitación.

También se le señala que Mendoza Pino entregó las obras de 16 unidades habitacionales a Construcciones Industriales de los Altos, por asignación directa, y para el pago se utilizaron facturas apócrifas, que se comprobó que fueron impresas ocho meses antes de que se constituyera la empresa, en una operación fraudulenta que quebrantó la hacienda pública municipal.

Otro quebranto ocurrió con los recursos procedente del cobro de Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), puesto que con más de 1 millón 700 mil pesos de estos fondos adquirió maquinaria para la limpieza de playas, por adjudicación directa a una empresa que ni siquiera es distribuidor autorizado de la marca que se adquirió, sino un intermediario, por lo que incurrió en una simulación y adquisición a sobreprecio de bienes que debieron comprarse mediante licitación pública.

También se le denunció por nombrar a su sobrina, Bertha Anahí Mendoza Samos, como directora general de Planeación, en violación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como a nombrar secretaria en la Dirección de Seguridad Pública a otra sobrina, Yhajaira Mendoza.

Y finalmente, se le señaló el viaje a Londres que realizó para asistir al TravelMart, pero el cual realizó acompañada de sus padres y de su sobrina Bertha Anahí Mendoza Samos, con cargo al erario de Tulum por 832 mil pesos.

Por todo ello, la Comisión de Justicia consideró que se está ante faltas que implican violaciones graves a la Constitución y las leyes estatales, manejo indebido de fondos y recursos públicos, así como omisiones que causan perjuicio a los intereses públicos fundamentales y su buen despacho, por lo que se declaró procedente la denuncia de juicio político.

Tras la lectura de la resolución, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado informó al pleno que recibió la notificación respectiva el pasado 28 de mayo y dio paso a la elección de la Comisión Instructora, a propuesta presentada por la Gran Comisión, y que los diputados determinaron mediante voto secreto en cédulas depositadas en una ánfora abierta.

Tras la elección, el presidente de la Mesa Directiva instruyó que se le entreguen de inmediato a la Comisión Instructora los expedientes que constan en la denuncia de juicio político contra Edith Mendoza Pino, para que realice las diligencias y averiguaciones que le corresponden.