El exsecretario de Hacienda y actual director del Instituto de Crédito Educativo, Jorge Antonio Brito Alpuche, quien atropelló y mató a un motociclista en la vía corta que va a la ciudad de Mérida, nunca fue puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común por razones desconocidas, pese a que una patrulla de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y paramédicos de la Cruz Roja participaron en el traslado del presunto homicida a la clínica Carranza junto con su esposa porque presuntamente resultaron con golpes contusos.

Acción que deja entrever que la Policía Estatal Preventiva y los Paramédicos de la Cruz Roja incurrieron en una negligente omisión, porque nunca reportaron los hechos a la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Aunado a ello, se le fijó una caución de 300 mil pesos en póliza para que no fuera detenido por la policía.

De acuerdo a fuentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la Policía Federal solamente puso a disposición del Agente del Ministerio Público a los vehículos involucrados en el fatal percance ocurrido en la vía corta que va a la ciudad de Mérida, en el tramo carretero Panteras – Vallehermoso el jueves 3 del presente mes, por la noche.

En dicho percance el funcionario conducía su vehículo tipo Mercedes Benz sin color definido, placas UUL-93-91, en compañía de su esposa Ingrid San Germán, de 34 años, y sus hijos José y Andrés Brito San Germán, de 9 y 14 años respectivamente, y en dicho tramo carretero atropelló y mató al motociclista Noé Castro Junco, de 25 años de edad.

Y para que el servidor público no tuviese problemas con la justicia, el Ministerio Público del Fuero Común le fijó una caución de 300 mil pesos en póliza y 45 mil pesos por los daños de la moto, pero no ejerció la sustracción del inculpado.

Y es que en el reporte de la Policía Estatal Preventiva se informó que elementos de esa corporación que realizaban su recorrido por Vallehermoso el día de los hechos, trasladaron al presunto homicida junto con su familia a una clínica de esta ciudad.

Pero que en el kilómetro 45, a la altura del tramo carretero Buenavista - Bacalar, fueron interceptados por paramédicos de la unidad médica de la Cruz Roja QR-039, al mando de David Vázquez, a quien le entregaran a los lesionados, quienes finalmente fueron llevados a la clínica Carranza en esta ciudad.

De esta forma, tanto la Policía Estatal Preventiva como los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana incurrieron en una negligente omisión al no reportar los hechos al Agente del Ministerio Público del Fuero Común, ya que el presunto criminal nunca fue puesto a disposición de la autoridad ministerial por razones desconocidas.

Lo cierto del caso es que el funcionario no pisará la cárcel, pues el Ministerio Público ya le fijó la caución de 300 mil pesos en póliza y 45 mil pesos para la reparación del daño a la moto, y no sustracción de la justicia.