La XIII Legislatura del Congreso del Estado aprobó la inclusión del delito de feminicidio al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales del Estado de Quintana Roo, al cual tipificó como delito grave, estableciéndose penas que van desde los 25 a 50 años de prisión o prisión vitalicia, y de mil a tres mil quinientos días multa.

Las nuevas disposiciones fueron aprobadas de manera unánime por los diputados y también contemplan sanciones para aquellos servidores públicos que, conociendo de un feminicidio, no actúen conforme a sus facultades y obligaciones, omitiendo hacer las diligencias correspondientes en la averiguación previa sin justificación, lleven a cabo actos de discriminación contra los denunciantes u ofendidos del delito, o lleven a cabo intencionalmente prácticas dilatorias de la administración o procuración de justicia.

De acuerdo con las nuevas disposiciones, el feminicidio es cometido por quien, de manera dolosa, prive de la vida a una mujer por razones de género.

Estas razones se presentan en los siguientes supuestos: cuando exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por cosanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo, amistad o de vecindad.

Otros elementos del feminicidio son la existencia de una relación laboral, docente, o cualquier otro que implique confianza o subordinación; que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; que existan antecedentes de amenazas, acoso, lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; que el cadáver sea expuesto o arrojado en lugar público, entre otros.

La XII Legislatura fue diligente en atender esta iniciativa, ya que fue admitida apenas el pasado 29 de marzo, presentada por los diputados Baltazar Tuyub Castillo, Demetrio Celaya Cotero y Patricia Sánchez Carrillo, del PAN, a pocos días de conocerse los atroces crímenes cometidos en Chetumal por el asesino serial Jorge Rosales Piña, a quien se le atribuye el asesinato de cuatro mujeres, de las cuales tres cadáveres fueron encontrados
en la fosa séptica de su vivienda.

La diputada Yolanda Garmendia Hernández, presidenta de la Comisión de Equidad y Género, sostuvo en tribuna que las reformas al Código Penal y de Procedimientos Penales del Estado buscan garantizar el acceso a la justicia de las mujeres, la reparación del daño a las víctimas y sus familiares, ya que esta reforma permitirá a la autoridad competente desplegar estrategias más eficaces para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres.

“Implica reducir la impunidad de todos y cada uno de aquellos que ejercen violencia en su contra. Tipificar el feminicidio como delito es poner al descubierto los homicidios intencionales contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, es reconocer el fenómeno de la violencia y los derechos humanos como un asunto de interés público, al obligar a los perpetradores a responder por su actuación”, dijo la diputada Garmendia Hernández.

Abundó en el sentido de que la reforma permitirá volver visible a las mujeres que han sido privadas de la vida o pueden serlo por cuestiones de género.

“Celebro la disposición de todas las diputadas y diputados de atender este tema antes de concluir el segundo periodo ordinario de sesiones; finalmente a través de estas acciones se dan pasos contundentes hacia la igualdad real entre mujeres y hombres”.

Cabe mencionar que la iniciativa fue presentada por la diputada Patricia Sánchez Carrillo.

Por otro lado, en la sesión del pleno se dio entrada a la iniciativa de Ley que crea el Consejo Estatal de Armonización Contable de Quintana Roo, presentada por el titular del Ejecutivo, Roberto Borge Angulo.

También se dio entrada a la iniciativa que crea el reglamento interior de la Auditoría Superior del Estado, presentada por el diputado Fredy Marrufo Martín, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta.

Finalmente, el Pleno de la XIII Legislatura aprobó los informes de resultados de las cuentas públicas del Instituto del Deporte, y de la Operadora y Administradora de Bienes Municipales S.A. de C.V., ambas del municipio de Benito Juárez.