Un grave atraco al patrimonio del municipio de Benito Juárez se cometió durante los gobiernos municipales encabezados por Gregorio Sánchez Martínez, Latifa Muza Simón y Jaime Hernández Zaragoza, puesto que los manejos irregulares de recursos que efectuaron dieron como resultado un daño al erario de casi 252 millones de pesos, tanto por la desaparición de 162.5 millones de pesos provenientes del crédito contratado en 2010 con Banorte al amparo del Decreto 166, como por el ejercicio de recursos sin comprobación por 89.4 millones de pesos en 2009.

Los recursos ejercidos sin comprobar en 2009 fueron 89 millones 436 mil 679 pesos y de esos se supo cuando concluyó la revisión de la cuenta pública de Benito Juárez correspondiente a ese año, apenas terminada en septiembre de este año, y a este desfalco se suma ahora el faltante de 162 millones 560 mil 328 pesos del crédito con Banorte, dado a conocer apenas el pasado domingo por el actual alcalde de Benito Juárez, Julián Ricalde Magaña.

Ambos son daños al patrimonio municipal de origen distinto, pero que demuestran la manera como fueron saqueadas las arcas de la comuna del polo turístico más importante del país, que sufrió el descarado robo de 251 millones 997 mil 7 pesos en menos de tres años, que en términos reales se pueden elevar aún más si se toma en cuenta que el municipio de Benito Juárez tiene que devolver al banco, con pago de intereses, los desaparecidos 162.5 millones de pesos del crédito.

De los 229.5 millones de pesos que el ayuntamiento de Benito Juárez obtuvo a crédito con Banorte, bajo el amparo del Decreto 166 de la XII Legislatura, sólo 52 millones 37 mil 879 pesos se ejercieron en obra pública en dicho municipio durante el 2010, según consta en la cuenta pública de la comuna correspondiente a ese ejercicio fiscal.

Y de acuerdo con la misma cuenta pública, sólo una minúscula parte de la obra ejecutada por el municipio en ese año fue pagado con recursos provenientes del crédito, ya que en 2010 la comuna de Benito Juárez reportó haber invertido en obra pública un total de 420 millones 977 mil 864 pesos.

Estos datos constan en el informe de resultados de la revisión a la cuenta pública del ayuntamiento de Benito Juárez ejercicio 2010, rendido por la Auditoría Superior del Estado al Congreso del Estado y aprobado por la XII Legislatura el pasado 22 de marzo.
En ese informe de resultados, la Auditoría Superior del Estado determinó que hubo faltantes de comprobación por sólo 17 millones 716 mil 447 pesos, pero ninguna de las observaciones fueron en ejecución de obra pública, sino en la auditoría administrativa.

Pero este mismo documento hace presumir una grave omisión del Organo Superior de Fiscalización, dado que el propio Decreto 166 le dio la obligación de realizar una revisión mensual a las obras que se ejecutaran con los 229.5 millones de pesos del crédito autorizado a Benito Juárez, lo cual no hizo, por lo menos por lo que consta en su informe de revisión a la cuenta pública de 2010, donde no hace ni una sola observación sobre el ejercicio del crédito, a pesar de que sólo le reportaron el uso en obras de 52 millones de pesos provenientes de él.

Asimismo, de la revisión de los informes de la Auditoría Superior del Estado sobre las cuentas públicas de Benito Juárez, queda constatado que el faltante de 162 millones 560 mil 328 pesos provenientes del crédito con Banorte contratado por el gobierno de Gregorio Sánchez Martínez, es adicional y distinto al de los 89 millones 436 mil 679 pesos que no fueron comprobados en la cuenta pública municipal de Benito Juárez correspondiente a 2009, por el cual la Auditoría Superior del Estado ya inició el procedimiento sancionador sobre varios ex funcionarios de esa administración.

Con lo cual también resalta el enorme saqueo realizado a las arcas del municipio de Benito Juárez, pues de la suma de ambos desfalcos, tanto los recursos usados sin comprobación en 2009 como el dinero faltante del crédito del Decreto 166, suman la estratosférica cantidad de 251 millones 997 mil 7 pesos robados al erario de los benitojuarenses.

El caso de los 89.5 millones de pesos

El pasado 6 de septiembre, el Congreso del Estado aprobó el informe de resultados de la fiscalización de la cuenta pública 2009 del ayuntamiento de Benito Juárez y ordenó a la Auditoría Superior del Estado emprender las acciones administrativas para recuperar o sancionar a los responsables de un faltante de comprobación detectado por 89 millones 436 mil 679 pesos.

Esta fue la cifra que quedó sin comprobar luego de que la Auditoría Superior del Estado emprendió acciones de solventación de observaciones originales, pues en el informe original que había presentado a la XII Legislatura, el faltante era de 160 millones de pesos, por lo que en ese momento se ordenó al Organo de Fiscalización Superior realizar las acciones administrativas para su resarcimiento, y fue así que después de eso se tuvo el informe final, ya bajo la XIII Legislatura, en el que se indica que la administración de Gregorio Sánchez Martínez no pudo comprobar el ejercicio de 89.4 millones de pesos, correspondientes al rubro de obra pública.

Se trata de inconsistencias claramente existentes, pues en la gran mayoría de los casos se quisieron cubrir esos faltantes con documentación alterada y hasta falsificada, por lo que la Auditoría Superior del Estado inició apenas en octubre pasado el procedimiento sancionador para recuperar los recursos o fincar responsabilidades, mediante la emisión del edicto del expediente ASE/PR-01/BJ-09/2011, en el cual aparece el ex alcalde Gregorio Sánchez Martínez como responsable subsidiario del desfalco, y del cual se hace responsables directos a siete ex funcionarios públicos y 15 empresas, contratistas y empresarios, entre los que destacan el ex tesorero Carlos Trigos Perdomo y el ex oficial mayor Marco César Navarro López.

Los recursos desfalcados en 2009 debieron ser aplicados a obra pública, pero su origen no el crédito del Decreto 166, porque si bien el gobierno de Gregorio Sánchez obtuvo el 17 de septiembre de 2009 la autorización para contratar empréstitos por 229.5 millones de pesos, el dinero no lo recibió del banco en ese mismo año, sino hasta el 2010.

El caso del crédito de 229.5 millones de pesos

Como la comuna de Benito Juárez dio a conocer el pasado domingo en Cancún, el 17 de septiembre de 2009, la XII Legislatura del Estado autorizó al municipio de Benito Juárez la contratación de un empréstito por la cantidad de 229 millones 656 mil 192 pesos 28 centavos, incluido el IVA, para realizar exclusivamente inversión pública productiva, pagadero a 10 años, teniendo como garantía los ingresos municipales por participaciones federales.

El 28 de diciembre de 2009, el municipio de Benito Juárez celebró el contrato de apertura de crédito con Banorte, pero hasta el 14 de abril de 2010 la comuna recibió a través de la cuenta Banorte 0638275250, abierta para ingresar el empréstito, la cantidad de 229 millones 656 mil 192 pesos 28 centavos, de acuerdo con los registros contables encontrados.

Pocos días después, el 30 de abril de 2010, se registró un traspaso de dinero de la cuenta del empréstito de Banorte a la cuenta HSBC 4041784919 por la cantidad de 223 millones 283 mil 192 pesos 28 centavos.

En la cuenta del empréstito quedó, en esta misma fecha, un saldo de 6 millones 373 mil pesos, cantidad que fue retirada por Banorte por concepto de gastos de apertura de crédito y comisiones bancarias, por lo que la cuenta donde se recibieron los recursos del empréstito quedó con un saldo de cero pesos.
El actual gobierno municipal de Benito Juárez informó que la cuenta HSBC 4041784919, depositaria del traspaso por 223 millones 283 mil 192 pesos 28 centavos, está registrada a nombre del Municipio de Benito Juárez y es utilizada para operar principalmente gasto corriente, lo que constituye una irregularidad debido a que, para fines de transparencia y control, los recursos para inversión deben manejarse en cuentas ex profeso y no mezclarse recursos de otro origen.

Sin embargo, la propia cuenta pública presentada por el municipio de Benito Juárez en 2010, que fue aprobada primero por el cabildo, luego fiscalizada por la Auditoría Superior del Estado y, finalmente, validada por el Congreso del Estado el 22 de marzo de 2011, indica que el gobierno municipal sólo utilizó, en ese año, 52 millones 37 mil 879 pesos para obra pública, a pesar de que estaba obligado por el Decreto 166 a utilizar la totalidad de los 229.5 millones de pesos para ejecutar 15 acciones de obra pública en Cancún.

El gobierno municipal encabezado por Julián Ricalde Magaña difundió que el 10 de abril de 2011, al realizarse el proceso de entrega-recepción institucional entre la administración anterior y la actual, el tesorero municipal entrante manifestó que no encontró evidencia de la existencia de recursos del empréstito, hecho que fue asentado en las observaciones del acta correspondiente.

Asimismo, en el arqueo realizado a la cuenta HSBC 4041784919 a cargo de la Contraloría Municipal, se determinó que el saldo que se encontraba en la referida cuenta al día 9 de abril de 2011, correspondía a ingresos por concepto de pago del Impuesto Predial 2011, por lo que no se hallaron recursos del empréstito.

Indica también que al 9 de abril de 2011 se tenían contratadas 14 de las 15 obras programadas, por un total de 158 millones 242 mil 780 pesos, es decir, por una cantidad menor a los 229.5 millones de pesos que debieron ejercerse en ellas.

Asimismo, dice que a esa misma fecha se habían pagado 60 millones 722 mil 863 pesos 62 centavos a cuatro empresas, por lo que de acuerdo con los registros contables, el saldo faltante en cuentas sobre el monto total recibido por el municipio asciende a 162 millones 560 mil 328 pesos 66 centavos.

También indicó que del monto pagado hasta el 9 de abril de 2011, se ha podido corroborar que 23 millones 529 mil 776 pesos 63 centavos corresponden a saldos pendientes por amortizar; es decir, se trata de obras pagadas pero no ejecutadas.

El actual gobierno municipal de Benito Juárez dice que sus investigaciones sobre este faltante millonario no han concluido, por lo que no ha fincado responsabilidades a ningún ex funcionario de la pasada administración; pero también destaca que la Auditoría Superior del Estado no ha emitido ningún informe sobre la aplicación del crédito, a pesar de que tenía la obligación, según el Decreto 166, de haber realizado visitas y auditorias mensuales a las obras que se ejecutaran con los 229.5 millones del empréstito autorizado por la XII Legislatura al gobierno municipal de Benito Juárez.

Mientras tanto, los ciudadanos de Benito Juárez, además de cargar la pesada losa de una de las deudas municipales más grandes, ahora tienen que cargar con el robo de casi 252 millones de pesos, de los cuales, además, tendrán que devolver al banco, con intereses, 162.5 millones de pesos.