Hablando en primera persona, y de acuerdo a mi experiencia, puedo decir que la llegada de Óscar Montes de Oca Rosales a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo nada ha cambiado para los ciudadanos; la corrupción, el abuso de poder y el tráfico de influencias siguen siendo una práctica constante y cada vez más cara en los ministerios públicos.  

Dos casos recientes he conocido de primera mano, uno, el de un maestro de arte de una escuela preescolar y primaria de Chetumal que fue denunciado por abuso sexual en agravio de dos menores de edad, y en el que la denunciante es una empleada del Poder Judicial, quien ha hecho avanzar su carpeta al grado de tener casi en la cárcel al presunto, mediante datos débiles e inverosímiles, pero con el apoyo de la Fiscalía General del Estado. 

El otro, menos dramático, es, sin embargo, una muestra de la podredumbre en la que está sumida la Fiscalía General del Estado, donde la supuesta “limpia” de ‘malos’ elementos y de funcionarios que no cuentan con la escolaridad requerida, iniciada por el fiscal Óscar Montes de Oca a su llegada no ha sido otra cosa que un reacomodo para hacerse con el control, para su beneficio y para la protección de sus intereses. El movimiento y remoción de personal en la Fiscalía ha sido un quitar y poner personal que le sea fiel y que a cambio puede hacer y deshacer a su antojo. 

Es el caso del agente ministerial Fredi Alberto García Cohuo, quien haciendo gala de que trabaja directamente con el Fiscal, logró que por un rozón del auto de su madre, el responsable pasara 24 horas detenido, a pesar de que no hubo lesionados porque el auto de la madre del influyente agente ministerial se encontraba estacionado, y sobre todo, a pesar de que el seguro del auto del causante del incidente se presentó para responder por el rozón, que por cierto, resultará más costoso para el causante de los daños.  

La madre del agente ministerial, segura de que su hijo es influyente, exigió al causante del incidente dinero en efectivo y se negó a aceptar la reparación de su vehículo, pero al no acceder el ahora imputado a darle dinero a la “víctima”, éste fue detenido, como ‘medida de presión’ para que cediera a los caprichos de la madre del agente. La ilegal detención duró 24 horas.  

Pero el asunto no ha terminado, pues la “agraviada”, con la asesoría de su hijo funcionario, se ha negado a manifestarse sobre el peritaje para evitar que el responsable recupere su vehículo, y continúa exigiendo que se le dé dinero en efectivo por el arrastre de la grúa y los días que lleva su auto en el corralón, cuando fue su prepotencia la que provocó el arrastre de los vehículos.  

Y mientras tanto, la protección de la Fiscalía ha llegado a tal extremo que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo ya intervino, asignando un asesor jurídico a la madre del agente ministerial porque ésta argumenta que no comprende el contenido del peritaje ni los alcances del mismo, ni comprende el proceso. El asesor jurídico fue solicitado por el fiscal Felipe Alejandro Durán Soberanis, sin que la víctima lo pidieraa sino que lo hizo por “iniciativa propia”, y posteriormente a la petición que hiciera este Fiscal, la madre del agente influyente se presentó a la Fiscalía a solicitar el asesor jurídico…  

La perito de la Fiscalía valuó los daños del vehículo Chevy 2005, de la madre del agente ministerial en 5 mil 953 pesos, en tanto que los del vehículo Honda Civic, 2018, causante del incidente, en 5 mil 500 pesos. Quizás sea esto lo que no entiende la madre del agente ministerial Fredi Alberto García Cohuo, que resultará más caro el golpe de su auto que el de un auto deportivo… 

Y es así que un agente ministerial influyente de nombre Fredi Alberto García Cohuo y de reciente ingreso a la Fiscalía y quien dice trabajar con el fiscal general Óscar Montes de Oca, tiene a la Fiscalía General del Estado y a la Comisión de Víctimas gastando recursos materiales y humanos por su capricho; y a un particular peleando porque se le repare la violación a sus derechos humanos por la privación ilegal de su libertad, esperando la liberación de su vehículo, y gastando recursos económicos y mucho tiempo, que es lo que más se pierde en los ministerios públicos. 

Pero como se lo dije expresamente al vicefiscal general, Alfonso Marco García Ramírez, el segundo de a bordo de la Fiscalía; “no queremos más corrupción” y por lo pronto, la verdadera víctima, que en este caso no parece ser la madre del agente ministerial, Fredi Alberto García Cohuo, esta mañana presentó una queja ante el Órgano de Control de la Fiscalía, y presentará la correspondiente denuncia ante la Dirección Jurídica.