Este domingo, un grupo de personas, con la protección de la Fiscalía General del Estado (FGE), despojó a sus propietarios de 11 lotes ubicados en Mahahual, a 500 metros del faro. Unas veinte personas llegaron a un terreno que previamente “aseguró” la Fiscalía y que le fueron entregados ilegalmente a Jesús Enrique Sánchez Pat, quien iba al frente del operativo de despojo.
Los 11 propietarios nunca han sido notificados de alguna carpeta de investigación, y tampoco han sido citados por la Fiscalía General del Estado, fue el 17 de marzo pasado cuando vía whatsaap, uno de los dueños alertó a los demás propietarios que la Fiscalía General del Estado había asegurado sus terrenos.
Sobre los lotes, la FGE fijo múltiples lonas en las que se lee el número de expediente: FGE/QROO/OPB/05/2369/2020, la denominación de la “Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales”, y en la parte inferior en letras grandes se leen las palabras ASEGURADO PROHIBIDO EL PASO” “NO RESPETAR LA PRESENTE DETERMINACIÓN MINISTERIAL CONLLEVA RESPONSABILIDADES PENALES”. Los predios además fueron precintados con cinta amarilla que prohibía el paso.
Seis de los propietarios promovieron igual número de amparos, sin embargo, la Fiscalía General del Estado, en el amparo incidental, cuyas primeras audiencias se celebraron los días 12, 15 y 16 de abril, negó que hubiera asegurado los lotes, y unos días después se los entregó ilegalmente a una persona de nombre Jesús Enrique Sánchez Pat.
La Fiscalía mintió al juez federal, al decir que no había asegurado los predios. Los dueños pidieron al juez federal que otorgara la suspensión definitiva consistente en ordenar a la FGE que no entregara sus lotes asegurados ilegalmente a ninguna persona, mientras se resolvía el amparo, toda vez que nunca habían sido notificados del procedimiento penal, pero la fiscal adscrita a la Fiscalía Especializada en Delito Patrimoniales, Karina Esmeralda Márquez Aguilar, declaró ante el juez federal que "los hechos no son ciertos", unos días después, Jesús Enrique Sánchez Pat tomó posesión de un extenso terreno de aproximadamente 200 metros por 75.
Jesús Enrique Sánchez Pat es hijo de Marleny Pat Aban, y desde mayo de 2020 cuando se ordenó el confinamiento por la pandemia del coronavirus, intentó despojar a la empresa Playa Pamela SA de CV, de su propiedad, por lo que fue denunciado.
Ese mismo mayo de 2020, y luego de que inicialmente fuera frustrado su propósito de despojar el predio de Playa Pamela, madre e hijo denunciaron un supuesto despojo de un terreno aledaño, que en realidad es un conjunto de lotes, propiedad de once dueños, a quienes la Fiscalía General del Estado jamás ha notificado ni llamado a la carpeta, y hoy domingo, después del aseguramiento de los 11 lotes realizado el pasado 17 de marz0, hecho que la Fiscalía ha negado ante un juez federal, el supuesto “dueño” del terreno, Jesús Enrique Sánchez Pat, ingresó con una decena de trabajadores a los lotes, arrancando el alambrado y las mallas colocadas por los legítimos dueños, para después tomar posesión, al amparo de la FGE. Algunos de los terrenos ya contaban con barda perimetral y rejas. Sánchez Pat, quien se dice hijo de una "humilde anciana maya" llegó acompañado por decenas de trabajadores quienes al instante del despojo colocaron alambrado sobre los postes de cementos con los que que los propietarios delimitaban sus propiedades.
En el lugar se encontraba uno de los propietarios de los lotes ilegalmente despojados con ayuda de la Fiscalía General del Estado, y quien grabó a Jesús Enrique Sánchez Pat, persona que por teléfono, solicitaba el apoyo del “judicial” de Mahahual, y quien agrega que “Landy”, en referencia a Landy Noemí Sánchez Montañez, la Fiscal de la mesa de delitos patrimoniales, “está en Estados Unidos en un curso”.
Al lugar y al momento del despojo se presentaron varios de los propietarios, uno de ellos identificado como Andrés, encaró a Jesús Enrique Sánchez Pat, quien en repetidas ocasiones aseveró que la Fiscalía General del Estado le había entregado en posesión una amplia extensión de terreno, en el que se encuentran los 11 lotes. Al lugar llegaron policías quienes se abstuvieron de actuar debido a que Sánchez Pat, les aseguró que contaba con una orden de la Fiscalía para tomar posesión del terreno.
En apoyo de Enrique Sánchez Pat llegó un agente del Ministerio Público de la FGE y quien le recomendó a Andrés, uno de los legítimos propietarios de los lotes, que acudiera a la Fiscalía a ver el asunto.
NUESTRO PATRIMONIO A EXPENSAS DE DESPOJADORES
Gabriel Rivas, chetumaleño, y uno de los afectados por el despojo disfrazado de aseguramiento realizado por la FGE, lamentó que se esté viviendo en una tierra sin ley; “es increíble que de la noche a la mañana puedas perder tu patrimonio así de esta manera. Yo y mi esposa nos enteramos hace unos días que nuestros terrenos habían sido asegurados, y promovimos un amparo, y hoy, con la sorpresa de que ya no tenemos terrenos, que ya son otros los dueños. Nosotros tenemos escrituras registradas en el Registro Público, pagamos el predial, los cercamos, y de vez en cuando venimos a dar la vuelta a Mahahual y pasábamos a nuestros terrenos. Nos cuesta trabajo creerlo, la Fiscalía nunca nos notificó nada. Sentimos rabia e impotencia".
FISCAL ÓSCAR MONTES DE OCA, VIOLA DEBIDO PROCESO
El 10 de febrero de 2021, el fiscal Óscar Montes de Oca Rosales compareció ante la Comisión de Justicia de la XV Legislatura, en la que faltando al debido proceso, se pronunció a favor de la señora Marleny Pat Abán y su hijo Enrique Sánchez Pat, a quienes se refirió sin decir su nombre, como “una población de personas humildes, en verdad, que son despojados”, y sobre el proceso penal que se lleva en la Fiscalía General del Estado, aseguró que “yo he analizado esos temas estoy al pendiente”.
Sin oportunidad de la mínima defensa y violentando el debido proceso, la Fiscalía General del Estado, al mando de Óscar Montes de Oca, quitó a sus legítimos propietarios once lotes, para entregarlos a Marleny Pat Abán y su hijo Enrique Sánchez Pat.
Cabe destacar que la señora Marleny Pat y su hijo Jesús Enrique Sánchez Pat nunca han tenido la posesión de los lotes que reclaman y menos aún tienen título alguno que los ampare como propietarios, en tanto que los legítimos propietarios cuentan con título de propiedad, cédulas catastrales, y la posesión, ya que sobre los mismos han construido bardas, han colocado postes y el lote ha sido objeto de varias subdivisiones a lo largo de los años, sin que antes lo hubieran reclamado los “nuevos dueños”.
Y mientras la FGE beneficia a sus “amigos”, en la misma Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales se encuentra radicada otra carpeta de investigación por la invasión de un predio de 5 hectáreas propiedad de Playa Pamela SA de CV, invasión que fue incitada por Jesús Enrique Sánchez Pat y otras personas, pero en la que la Fiscalía negó el aseguramiento, a pesar de que en la carpeta obran además del título de propiedad, fotos y videos del momento de la invasión, y declaraciones de los invasores que reconocen que ingresaron por la fuerza al predio y que no cuentan con título ni derecho alguno.
SEDETUS, COMPLACIENTE Y OMISA
Ante la invasión del predio propiedad de Playa Pamela en mayo de 2020, valuado en alrededor de 70 millones de pesos, su apoderada legal dio vista a la Secretaria de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS), quien, de acuerdo a Ley de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano del estado de Quintana Roo, tiene facultades para impedir los asentamientos humanos irregulares, sin embargo, esta dependencia estatal se negó a actuar y dictar medidas de seguridad.
Son múltiples los artículos de la referida ley que dan facultades de actuación a la Sedetus, y que la dotan de fuerza para llevarlas a cabo, así por ejemplo, el artículo 206 de la Ley de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, señala que “la Secretaría y los Municipios, al tener conocimiento y verificar la ejecución de acciones urbanísticas no autorizadas, ordenarán la suspensión inmediata de las obras, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas en que hubiere incurrido la persona física o moral, pública o privada, que las haya ejecutado".
Otros artículos que facultan y ordenan a la Sedetus a actuar en contra de los asentamientos irregulares son los siguientes:
ARTÍCULO 202. La Secretaría y los Municipios, tendrán a su cargo la inspección, vigilancia y verificación del cumplimiento de esta ley, sus normas reglamentarias y demás disposiciones aplicables; para tal efecto, PODRÁN ADOPTAR Y EJECUTAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, determinar las infracciones e imponer las sanciones administrativas que correspondan. (…)
ARTÍCULO 203. SE CONSIDERAN MEDIDAS DE SEGURIDAD, LA ADOPCIÓN Y EJECUCIÓN DE DISPOSICIONES QUE, CON APOYO EN ESTA LEY Y SUS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS, DICTEN LAS AUTORIDADES COMPETENTES ENCAMINADAS A EVITAR LOS DAÑOS QUE PUEDAN CAUSAR LAS INSTALACIONES, CONSTRUCCIONES, OBRAS Y ACCIONES, TANTO PÚBLICAS COMO PRIVADAS. Las medidas de seguridad son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan. Para los efectos de esta ley, se considerarán como medidas de seguridad:
I. La suspensión de instalaciones, construcciones, acciones, obras, servicios y actividades;
II. La clausura temporal o definitiva, total o parcial, de las instalaciones, construcciones, acciones, obras, servicios y actividades;
III. La desocupación o desalojo de inmuebles;
IV. La demolición de construcciones;
V. El retiro de instalaciones;
VI. La prohibición de actos de utilización de maquinaria o equipo;
VII. La advertencia pública, mediante la cual se empleen los medios publicitarios sobre cualquier actividad realizada irregularmente;
(...)
IX. La inmovilización y aseguramiento de objetos y de materiales;
(...)
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