El más reciente Índice de Estado de Derecho en México (IEDMX), publicado desde hace más de una década por el World Justice Project (WJP), y que mide ocho factores asociados a este tema, como límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, orden y seguridad, justicia civil y justicia penal, entre otros; retrata con exactitud la situación en la que se encuentra Quintana Roo, respecto a los 31 estados del país.

A meses de que concluya el mandato del gobernador Carlos Joaquín González, Quintana Roo se ubica como la tercera entidad peor calificada en lo que al estado de derecho se refiere, solo por arriba de Morelos y Guerrero que se encuentran en el fondo.

Los ocho factores que integran este Índice son límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal; y en todos, Quintana Roo se sitúa entre los últimos sitios.

QUINTANA ROO, EJERCE GOBERNADOR PODER ABSOLUTO

En el factor uno del Índice de Estado de Derecho en México, “límites al poder gubernamental”, Quintana Roo está en el último sitio del país, con una calificación de 0.35 puntos, donde 1, es la más alta; lo que quiere decir que en este estado el poder del Gobernador, de los alcaldes, y en general, de las autoridades, no tiene freno, límites ni contrapesos; lo que vulnera gravemente los derechos de los habitantes.

Este factor mide si en la práctica los pesos y contrapesos institucionales limitan el accionar del Gobernador de los presidentes municipales y demás autoridades del poder ejecutivo estatal, y si son castigados cuando realizan actos irregulares o ilegales.

También toma en cuenta el papel que juegan otros contrapesos no gubernamentales, como la prensa, las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos. Se analiza si el poder legislativo local es un contrapeso eficaz; si los diputados de partidos políticos de oposición pueden expresar sus opiniones en contra de las políticas del gobierno sin temor a represalias.

El límite al poder gubernamental, también está relacionado con la actuación del poder judicial, si éste es un contrapeso eficaz del gobierno estatal. Mide la independencia de los jueces, la capacidad del poder judicial para ejercer contrapesos efectivos sobre el gobierno estatal, y si las autoridades acatan las decisiones de los tribunales. Este factor, igualmente analiza si los organismos de fiscalización y control son un contrapeso eficaz; si las auditorías superiores, las comisiones de derechos humanos y demás organismos autónomos, funcionan realmente como contrapesos eficaces, y son capaces de fiscalizar la gestión del gobierno estatal y aplicar sanciones.

Este factor en el que Quintana Roo está al fondo de todos los estados en México, analiza de igual forma si los funcionarios del gobierno estatal son sancionadas cuando abusan de sus funciones o no cumplen la normatividad. La calificación reprobatoria del estado deja ver que las autoridades actúan con total impunidad.

Para concluir que los límites al poder gubernamental en Quintana Roo son prácticamente inexistentes, se analizó el papel de los periodistas, las organizaciones de la sociedad civil, si los integrantes de partidos políticos, activistas y personas en general pueden ejercer libremente su derecho a opinar y publicar.

Finalmente, se tomó en cuenta si en Quintana Roo las elecciones son libres, limpias y transparentes; cómo se desarrollan los procesos electorales, incluyendo el acceso al voto, la ausencia de intimidación y el escrutinio público de los resultados electorales.

FISCALÍA DE QUINTANA ROO, NI INVESTIGA NI RESPETA EL DEBIDO PROCESO

La calificación reprobatoria en el Índice, igualmente consideró el factor “Justicia penal”, el cual evalúa la efectividad y la calidad del sistema de justicia penal; y entre los subfactores considera si la policía y el ministerio público investigan los delitos de manera eficaz. Mide si el sistema de procuración de justicia es efectivo para resolver delitos, respetando el debido proceso. Incluye variables estructurales como el análisis de los recursos, equipo y tecnología; suficiencia de personal, formación y capacitación de personas agentes encargadas de la investigación de delitos y suficiencia en sistemas de información delictiva, así como indicadores de resultados sobre la efectividad de las investigaciones. En este subfactor Quintana Roo obtuvo apenas 0.17 décimas de punto, muy lejos del 1, puntaje máximo.

La calificación de 0.31 en el factor “Justicia penal”, incluyó en su análisis si el sistema de justicia penal es imparcial, independiente y si está libre de corrupción e influencias indebidas. El sub-factor incluye medidas acerca del uso de sobornos o de influencias indebidas de poderes políticos, económicos o del crimen organizado para operar o para favorecer a alguna de las partes durante el proceso penal. También incluye medidas acerca del uso de sobornos o influencias durante los procesos de reclutamiento y ascenso del personal.

El factor justicia penal también analizó si los sistemas de procuración y de impartición de justicia son expeditos y eficaces, es decir, si son capaces de resolver los casos de manera eficiente y sin retrasos injustificados. De igual forma consideró si en el sistema de justicia penal los derechos de las víctimas se garantizan efectivamente, si éstas reciben atención médica y psicológica, asesoría jurídica, reparación del daño, y protección. Además de estudiar la efectividad de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal.

Este factor de la misma forma considera el debido proceso legal de las personas acusadas, esto es, si se garantiza efectivamente la presunción de inocencia, el principio de igualdad en el proceso penal y ausencia de discriminación, el trato que reciben las personas privadas de la libertad, el derecho a una defensa adecuada y el derecho a un juicio público ante un juez competente e imparcial.

El análisis incluyó la evaluación del sistema penitenciario, y si éste garantiza la seguridad y el respeto a los derechos de las personas privadas de la libertad. También mide ausencia de corrupción y la efectividad del sistema penitenciario en prevenir la reincidencia.

SIN SEGURIDAD NI ORDEN, ASÍ SE VIVE EN QUINTANA ROO

Dentro de su calificación global en el Índice de Estado de Derecho en México, Quintana Roo obtuvo su calificación más baja en el factor 5, “Orden y seguridad”. Éste mide si el Estado es efectivo en garantizar la seguridad de las personas y la de sus propiedades.

En este factor, el estudio no incluyó la medición ni análisis de delitos como narcotráfico, delincuencia organizada, lavado de dinero, robo de combustible y trata de personas, entre otros, ya que no son susceptibles de medirse mediante encuestas y no existen datos duros consistentes, homogéneos y de calidad en el país, según se explica en el informe. Sin embargo, el fenómeno de violencia ocasionada por la delincuencia organizada se captura indirectamente mediante las cifras de homicidios y las percepciones de inseguridad.

Este factor se integró con los subfactores “ausencia de homicidios”, que mide la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes como una aproximación de paz, al reconocer que la responsabilidad primordial del Estado es proteger la vida de las personas.

Mide igualmente la “Ausencia de crimen”, esto es la ausencia de delitos que afectan de manera directa a las personas y a los hogares. Incorpora mediciones de incidencia y prevalencia de delitos. También toma en cuenta si las personas se sienten seguras, esto es, considera la percepción de seguridad de las personas en su estado y en espacios como su casa, trabajo, calle, escuela, mercado, parque, centro comercial, banco, cajero automático, transporte público, automóvil y carretera; incluye también la percepción de seguridad de las empresas en el estado.

En el factor “orden y seguridad”, Quintana Roo obtuvo una calificación de 0.26 puntos, muy alejado del 1, que es la calificación más alta. En “ausencia de homicidios”, el estado no llegó ni a una décima, con una calificación de 0.08.

QUINTANA ROO, DIFÍCIL ACCESO A LA JUSTICIA, Y SIN JUECES IMPARCIALES

Otro factor que tomó en cuenta el Índice es el factor 7 “Justicia civil”, integrado con diversos subfactores, por ejemplo, si el sistema de justicia civil es imparcial, independiente y libre de corrupción. Mide si el sistema de justicia civil está libre de discriminación, corrupción e influencias indebidas. El sub-factor incluye medidas acerca del uso de sobornos para acelerar los procesos o favorecer a alguna de las partes, y acerca del uso de influencias en los procesos de designación y ascenso del personal de los juzgados y tribunales. También considera si los jueces resuelven los casos de manera independiente y objetiva.

La medición considera si las personas tienen acceso a información y asesoría legal asequible y de calidad cuando enfrentan problemas legales o disputas. Mide si las personas cuentan con acceso a asesoría legal adecuada, asequible y de calidad cuando enfrentan problemas legales en materia civil o laboral, incluyendo asistencia legal gratuita y la carencia de medios para pagarla.

Este factor mide, entre otros, si el sistema de justicia civil no tiene retrasos injustificados durante el proceso de tramitación y resolución de controversias y si las resoluciones de los tribunales civiles y administrativos se ejecutan efectivamente, de forma adecuada y sin retrasos.

QROO REPROBADO EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN, GOBIENO ABIERTO Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO

Otros factores incluidos en el Índice de Estado de Derecho en México son “ausencia de corrupción”, (0.31) “gobierno abierto” (0.52), “cumplimiento regulatorio” (0.33) y “derechos fundamentales” (0.44); en el primero, se consideraron tres formas de corrupción: sobornos, influencias indebidas, y la apropiación indebida de recursos públicos, y se divide en cuatro sub-factores. Mide la integridad de los servidores públicas del poder ejecutivo estatal; la transparencia en las licitaciones, y si los servidoras públicas del gobierno se abstienen de malversar fondos públicos; así como si los servidores públicos del poder judicial no abusan de sus funciones para obtener beneficios privados; entre otros aspectos.

El factor “gobierno abierto” mide entro otras cuestiones el acceso de la ciudadanía a la información pública y a los datos abiertos, incluyendo la disponibilidad de información (transparencia proactiva) y la respuesta a solicitudes de información (transparencia reactiva). También mide qué tan factible es que las personas obtengan información pública de forma oportuna y completa.

En cuanto al factor “cumplimiento regulatorio”, éste mide si la normativa y las regulaciones se aplican de manera efectiva. Examina cómo se implementan y se hacen cumplir las regulaciones en temas como salud pública, seguridad en el lugar de trabajo, protección del medio ambiente y actividades comerciales.

Mide si en la práctica las empresas cumplen con la normatividad laboral, ambiental, comercial y de salud pública, y si las autoridades las investigan y sancionan cuando incumplen con dicha normatividad. También se ocupa de la ausencia de corrupción e influencias indebidas en la aplicación de normas y regulaciones gubernamentales, y en la realización de pagos o trámites.

QUÉ ES EL ÍNDICE DE ESTADO DE DERECHO EN MÉXICO

Durante más de una década, el World Justice Project (Proyecto de Justicia Mundial, o WJP, por sus siglas en inglés) ha aplicado encuestas en más de 130 países para medir, desde una perspectiva ciudadana, su grado de adhesión al Estado de Derecho, generando información acerca de las experiencias y percepciones de las personas en temas como corrupción, contacto con las autoridades, seguridad, victimización, derechos fundamentales y acceso a la justicia.

El Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022 es la cuarta edición del único índice subnacional producido por el WJP, y constituye una de las mediciones más completas sobre el desempeño institucional en el país. Este Índice utiliza el mismo marco conceptual y metodológico que el WJP desarrolló para el Índice de Estado de Derecho global, el cual fue adaptado para reflejar la realidad nacional y mide la adhesión al Estado de Derecho en cada uno de los 32 estados del país.

Presenta datos e indicadores originales, los cuales se organizan en 42 sub-factores y ocho factores: i) límites al poder gubernamental, ii) ausencia de corrupción, iii) gobierno abierto, iv) derechos fundamentales, v) orden y seguridad, vi) cumplimiento regulatorio, vii) justicia civil y viii) justicia penal.

El Índice del WJP utiliza información de primera mano para capturar las voces de miles de personas en zonas urbanas y rurales a lo largo del país. De forma específica, el Índice utiliza más de 600 variables generadas a partir de las respuestas a una encuesta aplicada a población general a 12,800 personas, de las respuestas a encuestas aplicadas a más de 2,100 especialistas en derecho penal, derecho civil, derecho laboral, y salud pública, y de información generada por otras instituciones (fuentes terciarias).

Los puntajes oscilan entre 0 y 1, donde 1 indica la máxima adhesión al Estado de Derecho. Al igual que la edición anterior, ningún estado llega a una calificación perfecta. La puntuación más alta es de 0.49, en Querétaro, por lo que todos los estados tienen retos persistentes en las diferentes dimensiones del Estado de Derecho.

Los estados con los puntajes más altos en el Índice de Estado de Derecho en México 2021–2022 fueron Querétaro (0.49), Yucatán (0.47) y Guanajuato (0.46). Esta es la primera ocasión en la cual Querétaro y Guanajuato se encuentran en los primeros lugares del Índice, mientras que Yucatán se había ubicado en la primera posición en las tres ediciones anteriores. Los estados con los puntajes más bajos fueron Quintana Roo (0.36), Morelos (0.35), y Guerrero (0.34).

El documento completo se puede ver aquí: INFORME ESTADO DE DERECHO WJP