Si la respuesta es afirmativa, correrán, a partir de hoy, 20 días hábiles para que el Comité ciudadano –conformado por 13 sectores- emita una opinión técnico-jurídica, basada sólo en las atribuciones y competencias del municipio, como lo establece el marco legal.
Lo anterior implica que el análisis deja fuera las consideraciones de tipo económico, comercial o migratorio, por ejemplo, al no ser materia de evaluación del trámite solicitado, de acuerdo con el Reglamento de Construcción.
El plazo de ley para emitir una respuesta es de 45 días, pero el gobierno municipal dará una respuesta en 30 días, precisaron.
Los funcionarios informaron que subirían a la página oficial del ayuntamiento, www.cancun.gob.mx el proyecto y la documentación ingresada, para que cualquier ciudadano emita sus observaciones y opiniones, del 02 al 06 de marzo, lapso de tiempo que fue cuestionado por algunos integrantes del Comité, quienes consideraron que el margen es muy corto.
Se presenta el Dragón…
Como parte de la sesión de ayer, que inició a las 11.30 horas y culminó a las 15.35 horas, el director del “Dragon Mart Cancún”, Juan Carlos López Rodríguez, presentó las generalidades del proyecto.
Explicó que se trata de “un proyecto comercial” consistente en la construcción y operación de un centro de exhibición y venta de productos extranjeros, para lo cual se edificarán y rentarán tres mil 040 locales.
Los cálculos de la empresa, una sociedad mercantil denominada “Real Estate Dragon Mart Cancún” –una de tres razones sociales diferentes- es que lograrán captar un promedio de mil expositores, 400 de ellos originarios de China; 200, de otras nacionalidades y 400 mexicanos.
Estos expositores rentarán uno o más locales en donde se exhibirán los productos de forma permanente. Dichos locales estarán divididos en 13 segmentos y habrá un pabellón para productos nacionales.
El centro de negocios y sus obras asociadas se construirán en el predio “El Tucán”, cuya superficie abarca 561 hectáreas explotadas como sascabera. Está ubicado a 9 kilómetros del Aeropuerto internacional de Cancún y a 3.5 kilómetros de la zona costera y arrecifal de Puerto Morelos.
En 12.7 hectáreas de terreno se desplantará el centro de negocios, además de dos bodegas; sin embargo, omitió informar que tienen autorizado por el gobierno de Quintana Roo, a través del Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental (INIRA), la edificación de las 20 bodegas de cinco mil metros cuadrados que solicitaron, lo que abarcará 66.30 hectáreas.
Otro dato que omitió fue señalar que esas 20 bodegas “servirán para almacenar los productos en exhibición y permitir la venta y entrega inmediata”, de acuerdo a lo que les fue autorizado por el gobierno estatal.
Además del centro comercial se construirán 12 locales comerciales alrededor de espejos de agua; habrá restaurantes de comida rápida, cafetería, tiendas de conveniencia, entre otros.
El proyecto incluirá en otras 7.4 hectáreas, un área habitacional con 722 viviendas, y en 160 mil metros cuadrados, una explanada cultural para conocer la cultura China y Mexicana.
“Zona impactada”
Ante las preocupaciones manifiestas por integrantes del Comité, en torno al tema ambiental, aseguró que el megadesarrollo “es en realidad un proyecto de rescate de una zona impactada”.
Incluso, al mostrar una gráfica sobre la distribución de las obras, conforme a las Unidades de Gestión Ambiental (UGAs) que le corresponden, se permitió comentar, al referirse al terreno, que “le decimos con cariño la bandera de Irlanda… por verde”.
Raquel Campo, representante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), le preguntó sobre los porcentajes de desmonte por UGA, a lo que el empresario le respondió que habrá cero desmonte, porque no habrá retiro de vegetación.
La abogada le recordó que al hablar de porcentajes de desmonte no sólo se refiere a la remosión de vegetación, sino al desplante de las obras, ante lo cual el promovente le ofreció precisarle los datos en otro momento, porque no recordaba el dato.
Conforme al Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), la superficie de desmonte permitida en la zona desarrollable del terreno –UGAs 26 y 27- es de 144.86 hectáreas. Sin embargo, el gobierno del estado les autorizó –indebidamente- 193.9 hectáreas y se presume el desmonte de 238.62 hectáreas.
Inquietudes
Antes de la presentación del proyecto, surgieron cuestionamientos sobre la conformación del Comité Ciudadano, toda vez que algunos de sus integrantes representan a sectores que participaron en la elaboración de estudios y peritajes a favor del proyecto, mismos que tendrán voz y voto.
Entre los sectores representados dentro del comité, está el Colegio de Ingenieros, cuyo expresidente, Carlos Fierros, fue quien elaboró el estudio de impacto urbano del “Dragon Mart Cancún”.
El ex director de Desarrollo Urbano de Benito Juárez, durante el trienio del entonces alcalde, Francisco Alor (2005-2008), hizo el avalúo del terreno de 561 hectáreas.
También es el Director Responsable de Obra (DRO), una suerte de perito que verifica y avala que la estructura se sujete a las disposiciones normativas.
Ni Fierros, ni Cebada están dentro del comité, pero sí forman parte del Colegio de Ingenieros Civiles que tiene voz y voto dentro del grupo de trabajo.
Lo mismo sucede con Alberto Duarte Chavarría, de la sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, quien fue identificado como otro personaje ligado al proyecto.
La presidenta del Colegio de Arquitectos, Rocío Aguilar Ferra, solicitó que el tema se pusiera en la mesa, al resultar “bastante controversial” que algunos de los integrantes del grupo de trabajo estuvieran ligados al proyecto.
La arquitecta pidió que para transparentar el proceso, quienes tuvieran nexos con la empresa o con el proyecto, lo hicieran público.
Su solicitud encontró eco en Guadalupe Velázquez, representante de “Voces Unidas por Puerto Morelos”, quien consideró que hay un “claro conflicto de intereses”, opinión compartida por el presidente de “Fundadores de Cancún”, Ricardo Lujambio.
El también arquitecto pidió que quienes tuviesen vínculos con la empresa o el proyecto, salieran del comité o se les retirase la posibilidad de emitir su opinión o al menos el voto.
Como parte del comité, Juan Carlos López, representante del proyecto, opinó que el grupo se encuentra “balanceado” y la presidenta del Consejo Consultivo Ciudadano, Marisol Vanegas, exhortó a los participantes a conducirse con responsabilidad, recordando que son voz de los sectores a los que representan en esa mesa de análisis y no defensa de intereses propios.
El secretario de Desarrollo Urbano y el director del Jurídico del ayuntamiento aclararon que la conformación del comité no puede ser modificada, porque está firmado el acuerdo administrativo que define los 14 sectores que lo componen.
Ambos funcionarios insistieron a los participantes en centrarse en aquellos temas técnicos vinculados sólo con los requisitos y elementos de evaluación que competen a la licencia de construcción.
El promovente reiteró esa petición; de hecho, en diferentes ocasiones quiso atajar los cuestionamientos hechos por integrantes del comité, argumentando que sus preguntas no eran tema de la licencia de construcción, ante lo cual otros miembros solicitaron que le fuera recordado su papel como promotor y no como autoridad, conductora del ejercicio de revisión y análisis.
En algún momento, Tulio Arroyo, presidente de la asociación “Ombligo Verde”, también tuvo que recordar al secretario de Ecología y Desarrollo Urbano, que el promovente del proyecto era Juan Carlos López, no él.