Sin la debida supervisión de la propia Secretaría de Gobierno del Estado, las Notarías de Quintana Roo se han convertido en los últimos años, en despachos al servicio del crimen organizado, pues ahí legalizan los cobros por extorsiones, secuestros y hasta la colecta de derecho de piso que los delincuentes hacen en especie, es decir, con propiedades que de la noche a la mañana, literalmente le “arrebatan” a sus víctimas.

Lo grave de esto, es que en muchas notarías, ni siquiera se cumple con el reglamento de operación que indica que debe actuar en todo momento conforme a la Ley, pues da fe de la identidad y califica la capacidad y legitimación de los otorgantes en relación al acto o negocio jurídico concreto que realiza.

El caso de la ejecución del notario auxiliar de la notaría número 46 de Puerto Morelos, Leonardo Agustín del Bosque López, de 37 años, ha vuelto a escenario la situación en la que se encuentran varios despachos de este tipo, que lejos de ejercer su verdadera función, se han convertido en legalizadores de actos ilícitos, sobre todo porque no existe quien supervise su verdadera función.

En este punto es donde viene una interrogante, lo hacen por estar coludidos, o de igual forma, son víctimas de los delincuentes que los obligan a legalizar los cobros por extorsiones o secuestros a través de efectuar contratos de compra-venta o donde el agraviado le sede derechos de propiedades a los delincuentes para saldar su “adeudo”.

Un caso en particular y que incluso, ya se está en manos de la Procuraduría General de la República (PGR) bajo investigación, es el intento de despojo de una parcela de 90 hectáreas de un ejidatario de Isla Mujeres de nombre Romeo Trinidad Flores, quien en ningún momento ha hecho solicitud alguna al ejido para la liberación de su título de propiedad para su posterior venta.

Este movimiento dentro del ámbito agrario se conoce como derecho del tanto, en donde la directiva del ejido le otorga un oficio al comunero donde se le expone que tal y como marca la Ley Agraria, no hay ningún interesado dentro del núcleo agrario para comprarle su propiedad, e incluso, ningún familiar directo, por lo que puede ser libre para su comercialización, cederlo o regalarlo.

Dicho trámite para poder tener el valor legal, lo tiene que efectuar el propio ejidatario y en este caso no fue así, sino una persona de nombre Víctor Chapuz Sánchez quien antes de esto, se presentó ante la notaría número 20 con el notario suplente Benjamín Salvador de la Peña Ruiz de Chávez para poder legalizar un fraudulento poder que supuestamente le había otorgado a través de una sesión de derechos el ejidatario Romeo Trinidad Flores ante la notaría número 22 a cargo de Yolanda Solís Olveres.

Lo grave de esto, es que en la notaría 20, cuyo titular es Benjamín Salvador de la Peña Mora, tal y como consta en documentos en poder de POR ESTO! de Quintana Roo, Víctor Chapuz Sánchez presentó documentación falsa que no corresponde al verdadero ejidatario.

Entre estos, llevó una credencial de elector a nombre efectivamente de una persona de nombre Romeo Trinidad Flores, pero cuya fotografía, ni edad, ni domicilio, corresponden al verdadero ejidatario; otro documento falso fue un acta de matrimonio donde una persona llamada Romeo Trinidad Flores originario de Tuxtla Gutiérrez, contrajo matrimonio con Josefina Cen Patagua y el verdadero comunero es originario de Huixtla, Chiapas y su esposa se llama Marlene Cauich Gamboa con quien tiene dos hijos, pero antes, estuvo casado con Norma Pastor Salgado con quien también procreó dos hijos.

Así, sin la verificación real de la documentación, esta notaría número 20 validó el supuesto poder otorgado por Romeo Trinidad Flores (que no es el verdadero ejidatario) a Víctor Chapuz Sánchez quien en otro movimiento ilícito donde involucró a un tercero, procedió a efectuar un contrato privado de cesión de derechos a favor del señor Francisco Gerardo Costilla García.

Este otro trámite fue realizado en la notaría número 10 del licenciado Francisco Edmundo Lechón Rosas donde una vez más el sujeto llamado Víctor Chapuz Sánchez presentó además del documento obtenido en el despacho de Benjamín Salvador de la Peña Ruiz de Chávez, otros falsos como son la renuncia a los derechos del tanto de la parcela 123 de una familia inexistente del ejidatario Romeo Trinidad Flores.

Dicho documento es firmado por tres mujeres de nombres Concepción Cen Martínez, Guadalupe Concepción Flores Cen y Layda María Flores Cen en calidad de esposa e hijas respectivamente de una persona de nombre Romeo Trinidad Flores que tampoco corresponde al verdadero ejidatario.

Cabe destacar que el señor Francisco Gerardo Costilla García, también presentó una demanda ante las autoridades ministeriales por el delito de fraude, ya que le entregó a Víctor Chapuz Sánchez la cantidad de un millón 800 mil pesos luego de esta sesión de derechos, pero hasta el momento, no ha podido obtener la parcela, lo que demuestra que todo se trató de un hecho ilícito.

También, es importante señalar que este intento de despojo de la parcela de 90 hectáreas, sin duda alguna es pretendida por miembros de la delincuencia organizada (utilizando en este caso, a tres notarías), quienes incluso supieron como obtener toda la información relativa del ejidatario (a través de la ex directiva del ejido) a quien además antes ya lo habían despojado de una camioneta.