Los nombres detrás del Dragon Mart Cancún; de dudosa reputación

La suerte del Dragon Mart será echada en 30 días. Ese es el lapso de tiempo en que se definirá si se autoriza o no la licencia de construcción del recinto comercial, mismo al que ahora aparecen intereses políticos detrás del proyecto.

Por principio de cuentas, el Dragon Mart no será tan chino y ha cambiado de forma ya en tres ocasiones, ante la insistencia de sus promotores para establecerlo en Cancún.

Dentro del proyecto, existen nombres que no son considerados como empresarios y sí como vividores políticos. Por ejemplo se maneja ya a nivel nacional que el Dragon Mart se dispone a aterrizar en Cancún de la mano de los hijos de Martha Sahagún.

Juan Carlos López Rodríguez y José Luis Salas Cacho son dos de los socios del proyecto. Asimismo, también aparece en esa lista el operador político y financiero Omar Giacomán, compadre y socio de varios empresarios de Cancún y la Riviera Maya.

Dentro del directorio del proyecto Dragon Mart aparece Juan Carlos López Rodríguez, un exfuncionario de la Administración de Aduanas, a quien se inhabilitó por supuestas faltas administrativas (y a quien también) se le ubica como promotor de un proyecto similar denominado Logistic Free Trade Zone, que auspiciaba el chino-mexicano Zhenli Ye Gon.

El empresario chino se hizo popular en el mundo cuando, en una entrevista, aseguró a una cadena de televisión que el entonces titular de la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano, lo había amenazado de muerte si no guardaba el dinero en efectivo en su casa al decirle: “Copelas o cuello”.

Zhenli Ye Gon fue arrestado por la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Maryland, el 23 de julio de 2007 por conspirar para manufacturar y distribuir en Estados Unidos metanfetaminas. Ahora está preso en el vecino país del norte por tráfico de seudoefedrina y evasión de impuestos por 66 millones de pesos.

En marzo de 2007 en una bodega de la residencia de Zhenli, ubicada en la colonia Lomas de Chapultepec, fueron encontradas torres y torres de fajos de billetes que sumaron la cantidad de 205 millones de dólares, la mayor cantidad de dinero en efectivo decomisada en la historia.

En agosto de 2007, la revista Fortune exigía a la Secretaría de Hacienda “responder por qué permitió entrar a la licitación a una empresa llamada Societe General de Sourveillance, que se encontraba representada por otra empresa de nombre Logistic Free Trade Zone, cuyo administrador era un exfuncionario de Aduanas, Juan Carlos López Rodríguez, inhabilitado por malos manejos en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), cuando se desempeñó como administrador central de Investigación Aduanera, entre 2000 y 2001”.

Según la publicación, el 10 de abril de 2004, tras una investigación de la Contraloría Interna del SAT, se determinó inhabilitarlo por 12 años para ocupar cualquier cargo público y se le impuso la obligación de pagar un crédito fiscal por 28 millones de pesos “por su negligencia y omisiones” como servidor público.

Al exfuncionario, la revista también lo relacionó con Manuel Bribiesca, hijo mayor de Marta Sahagún, esposa del expresidente de México, Vicente Fox Quesada.

El proyecto Dragon Mart Cancún está ligado a Chinamex, la compañía que desarrolló un proyecto conjunto entre el gobierno chino y el gobierno Sharjah de los Emiratos Arabes Unidos, inaugurado oficialmente en Sharjah, en abril de 2000. Actualmente la compañía se ha convertido en una plataforma de comercio exterior para las empresas chinas y extranjeras en áreas especializadas en exposiciones internacionales, comercio, productos básicos y negocios.

Asimismo, ha explorado la inversión directa en hierro, petróleo, productos petroquímicos y otros dominios comerciales internacionales.

El rechazo

Mientras los empresarios del país anunciaron su unión contra del proyecto Dragon Mart Cancún y pidieron la intervención del gobierno federal, el director general del proyecto, Juan Carlos López Rodríguez, adelantó que de negársele el permiso de construcción recurrirá a la vía legal.

En un debate de los representantes del empresariado nacional y Dragon Mart, en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, el director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), Luis Foncerrada Pascal, destacó que de autorizarse el proyecto acabaría con la política industrial del país.

Foncerrada Pascal hizo un llamado a las secretarías de Economía, Hacienda y Crédito Público (SHCP), Gobernación (Segob) y la misma Presidencia de la República para intervenir en la autorización del proyecto.

Destacó que no basta con que el proyecto sea legal, "es un tema de competencia desleal; tratan de evitarla a través de la parte de legalidad, es decir que si es legal se puede hacer, pero se olvidan de los proyectos de desarrollo industrial y de creación de empleos".

Explicó que aunque es cierto que si el proyecto cuenta con el apoyo del gobierno de estado se puede llevar a cabo debido a la soberanía de los municipios, la Secretaría de Economía (SE) tiene que defender programas de desarrollo de política industrial, subrayó.

Detalló que la Secretaría del Medio Ambiente tiene elementos para intervenir porque el desarrollo de Dragon Mart modifica el medio ambiente; en tanto que la SHCP está preocupada por desarrollar el concepto de productividad, lo que sería afectado por la competencia desleal de ese proyecto.

A su vez, refirió, la Secretaría de Gobernación puede intervenir, porque al no tener en México empleos suficientes es necesario desarrollar más fuentes de trabajo y los chinos que se prevé lleguen con el proyecto vienen a vender, a ensamblar, a cocinar, entre otras cosas que los mexicanos podemos hacer.

Luis Foncerrada Pascal adelantó que esto ya fue platicado con las autoridades federales, quienes les han mencionado que ya lo sometieron a análisis.

Durante el debate hizo notar que tanto la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), como la Confederación de Cámaras Industriales y las Organizaciones de Comercio apoyan la cultura del CESP, organismo perteneciente al Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Asimismo, sugirió la posibilidad de sobornos a autoridades locales para la implementación de Dragon Mart, aunque dijo que no tiene elementos para sostenerlo, pero señaló la rareza del asunto al haber sido autorizado el proyecto por un gobernador y desautorizado por su sucesor.

En su oportunidad Juan Carlos López Rodríguez, director general del Proyecto Dragon Mart, destacó la seriedad de la acusación, y dejó en claro que toda la documentación es legal y transparente, y señaló que se estima que en un par de semanas les den a conocer el resultado de la solicitud de permiso de construcción. Al respecto, dijo que de autorizarse la construcción del complejo comercial estaría iniciando la obra en un máximo de cuatro semanas posteriores.