La huelga de los trabajadores de la empresa, Z Gas, de Cancún, sirvió para destapar una red de corrupción que involucra a la empresa, técnicos en talleres, despachadores, el propio gerente, así como autoridades de Protección Civil y Seguridad Pública de Isla Mujeres, generando un negocio millonario que llega a ser de 12 millones de pesos anuales, denunciaron trabajadores de la propia empresa, a los cuales se les distorsiona la voz por su propia seguridad.

La red de corrupción tiene nombre y apellido en Z Gas, en la persona Hugo Soto Soberanis, y dos supervisores más, de acuerdo a los empleados, que son obligados a vender un 30% menos del producto cuando es distribuido en tanques de 20 litros o estacionario, gracias a la ordeña que se da desde la misma planta en el caso de los cilindros o en la alteración de medidores en los camiones que brindan servicio a los tanques estacionarios.

“La corrupción es esto, él sabía todo, Hugo Soto Soberanis, sabía toda la ordeñada, daba luz verde a los chavos”.

Lo peor se presenta cuando la propia autoridad encargada de proteger al consumidor se ve involucrada, ya que la propia Profeco, les avisa con anticipación los días y horas de los operativos, dando píe ese día a llenar los cilindros de gas al 100% para pasar la supervisión, claro a cambio de una cuota.

“Viene Profeco y también le dan su lana, llega Profeco la calibra, y llegan quien las descalibra y les quita un 20%”.

La denuncia de los trabajadores de Z Gas, abarca también a las demás compañías que operan en Cancún, ya que es casi una norma la ordeña de los tanques de gas para ofrecer menos producto a la gente, y en otros casos las empresas en vez de gas butano, rellenan los tanques con agua, provocando una flama intermitente que cambia de color en la estufa.

“Tomsa lo trae bajo, todos lo traen bajo, pero no tan bajo como Sonigas, quien lo trae al 100%. Tomsa y Delta lo traen igual. Lo que pasa es que le están metiendo agua, eso me lo dijo el chavo de Tomsa”.

Los trabajadores reconocen que hacen pública esta denuncia por los malos tratos que reciben del personal de su propia empresa, pero también porque la ciudadanía piensa que son ellos quienes se encargan del robo de gas hormiga que mensualmente les genera un millón de pesos, dinero que paga el usuario sin saberlo.