Julián Ricalde señaló a los diputados de la XII Legislatura como corresponsables del desvío de 162 millones de pesos, porque estaban obligados, a través del Decreto 166, a darle seguimiento a la ejecución de la obra pública que fue etiquetada con el crédito de los 229 millones de pesos, y que no lo hicieron.

“Claro, hay una corresponsabilidad de carácter político, por supuesto que lo hay”, dijo en relación a la actuación de los diputados locales, en los que se incluye la actual dirigente del PRI en Benito Juárez, Laura Fernández, quien era presidenta de la Comisión de Hacienda de la anterior Legislatura.

De los ex funcionarios involucrados en este desvío, evitó dar detalles hasta que la Contraloría Municipal determine responsabilidades.

Aunque “evidentemente hay una historia cierta que todos conocemos, Greg (Sánchez), Latife (Muza), Jaime (Hernández), en ese orden, pero yo no puedo hablar de un responsable en este momento, hasta que la Contraloría no determine el tema”.

Y es que si bien Sánchez, ya no estaba cuando el dinero ingresó a las arcas municipales, el 16 de abril del 2010, el ex alcalde habría dejado disposiciones para pagar deudas a empresas: “Se dedicaron a despilfarrar el dinero, que era para obra pública, y eso tiene que tener nombres y responsables”, indicó.
En conferencia de prensa, ayer en su despacho, en el palacio municipal, el alcalde dijo que respecto a este asunto ya está en proceso la investigación por parte de la Contraloría, y aseguró que no habrá impunidad.

Negó que este asunto tenga transfondo político, sino según él, “una actitud valiente” de su gobierno para investigar sobre el paradero del dinero.

“Al parecer, lo político o lo malo político sería que nosotros fuéramos tapadera, eso sería político, esa es la ‘real politik’ del estado”.

Julián Ricalde no descartó que parte de los 162 millones de pesos “si se fue en gasto corriente”, aunque otra parte “a pagos que se estaban haciendo en diciembre del año pasado, a empresas que tenían diez o más años sin que se les pague, y no porque no se les pague a las empresas, sino por el modelo que estaban usando para pagar a las empresas. Inclusive tenemos ya casi la certeza de que a dos de ellas les habíamos ganado el juicio”.

Refirió que de lo que también se ha observado sobre la ejecución del dinero, es que “hay obras inconclusas, hay obras que se pagaron y hay responsabilidades fincadas a varias empresas, que es la segunda parte de este tema, en las que simple y sencillamente recibieron anticipos, del 30%, que no era un tema menor, hay empresas a las que se les asignaron casi 100 millones de pesos, que se están buscando y que no es muy grande la búsqueda porque se sabe de la vinculación de estas personas con quienes pidieron el crédito”.

¿Qué es lo que sigue? se preguntó al tiempo que respondió: “es la parte de la indagatoria, citar algunos funcionarios, a darles su garantía de audiencia, que nos digan qué paso como corresponde, para que en su oportunidad ver las presunciones de culpabilidad y responsabilidad”.

Niega concesión del servicio de alumbrado público

Por otro lado, negó que su gobierno promueva la concesión del sistema de alumbrado público, ya que dijo que lo que en realidad propone es que las empresas interesadas en vender luminarias a su gobierno, antes demuestren la calidad de su producto.

“Eso lo hacen por ejemplo en Madrid (España), para licitar algo, lo hacen probar un año y entonces la gente tiene la certeza de que se escogió lo mejor, y no que se le compró al compadre, al amigo o que dimos la lana por delante, eso es lo que yo expliqué (en la reunión con vecinos de Corales, el sábado pasado)”.