Del 2007 al 2011, la cárcel de Cancún, actualmente bajo la dirección de Higinio Sánchez Baltazar (con casi un año en el cargo), es considerada el segundo centro de reclusión más conflictivo a nivel nacional, sólo por debajo del penal de Neza-Bordo y por encima incluso del Cereso Número Dos de Gómez Palacio, Durango, de acuerdo a un informe denominado “Las cárceles y el crimen”.

Dicho informe fue presentado públicamente por Eduardo Guerrero Gutiérrez, consultor en políticas públicas, especialmente seguridad, transparencia y profesionalización del servicio público en la ciudad de México, en un trabajo se investigación hecha recientemente apoyado con datos de la “Encuesta a Población Penitenciaria” y fuentes policiales a nivel federal.

En ella, se detalla que por ejemplo, de 2007 a la fecha, se ha observado un acelerado incremento de las fugas (los eventos de fuga se cuadruplicaron de 2007 a 2011) y motines, que también son cada vez más violentos (sólo en los dos primeros meses de 2011 hubo 79 muertos en motines, más que en cualquier año previo).

Los penales más afectados —considerando el número de fugas y motines, así como la conflictividad durante dichos eventos— se ubican en las zonas en las que se registran los conflictos más severos entre organizaciones criminales. Sin embargo, las fugas y motines son sólo el síntoma más visible de la crisis en varios penales del país: el control de los penales por parte de las organizaciones criminales más peligrosas y la disputa por ejercer dicho control.

Es aquí donde en la lista de 12 penales del país en un estudio del 2007 al 2011, el primer lugar lo ocupa el de Neza-Bordo, localizado en Ciudad Nezahualcóyotl con 10 motines, 8 muertos, 32 heridos y cero fugados; en segundo lugar aparece la cárcel de Cancún con 8 motines, 6 muertos, 106 heridos y 23 fugados; mientras que en tercer lugar se encuentra el Cereso No. Dos de Gómez Palacio Durango con 6 motines, 42 muertos, 11 heridos y 5 fugados.
La lista, y cuya gráfica completa es publicada, la completan los Ceresos de Ciudad Juárez, de Aquiles Serdán, Cedes de Matamoros, Cecjd de Culiacán, el penal de Apodaca en Nuevo León, el Cereso de Altamira y el Cedes de Nuevo Laredo.

Cárceles son centros de operación de la delincuencia organizada

De esta manera, se agrega en el informe que algunos penales se han convertido en un activo para las organizaciones criminales. En primer lugar, los penales pueden servir como una fuente de rentas, pues en ellos vive una población cautiva a la que se puede extorsionar de forma constante y hay un lucrativo negocio de distribución de droga.

Adicionalmente, algunos penales operan como centros operativos para delitos que van desde la extorsión telefónica, hasta las incursiones nocturnas para llevar a cabo secuestros y homicidios (como ocurría en el Cereso de Gómez Palacio). Finalmente, en algunos casos los penales también pueden servir como un refugio para criminales que temen una venganza de una banda rival. La alta rentabilidad y el carácter estratégico que los penales tienen para la delincuencia organizada explica, al menos, tres de las principales causas de los motines: los enfrentamientos por el control del penal; el nombramiento o remoción de funcionarios (que pueden poner en riesgo los arreglos alcanzados entre la organización dominante y la administración del penal); y el traslado de reos, que afecta el balance de fuerzas que permite a una organización controlar el penal.

La sobrepoblación y la corrupción que prevalece en los sistemas de readaptación social de varias entidades, es un factor que ha facilitado que las organizaciones criminales tomen control de los penales. Lo anterior se debe a que los penales operan con reglas informales, con un sistema de cuotas, y sin una autoridad que defienda los derechos de los presos o que al menos garantice su integridad física.

Otro factor que propicia el control de los penales por parte de las organizaciones criminales, es la incapacidad de las autoridades para ejercer un control efectivo sobre sus accesos (las denominadas “aduanas”). Se ha documentado que las organizaciones criminales tienen la capacidad para operar la distribución de drogas, la introducción de armas, la realización de fiestas e incluso las “salidas” de presos. Ni siquiera cuando el Ejército asume la vigilancia externa de los penales, como es el caso de Apodaca, Cadereyta y Topo Chico, en Nuevo León, ha sido posible establecer un control real de lo que entra y sale de los penales.

A nadie le interesan las cárceles

Finalmente, un tercer factor (vinculado a los dos anteriores) que explica la actual crisis es la discrecionalidad con la que el personal del sistema penitenciario ejerce sus funciones. Las inverosímiles historias de control criminal sobre los penales sólo se explican por la ausencia de la más elemental supervisión de su gestión por parte de los gobiernos y las legislaturas estatales. La discrecionalidad de las autoridades penitenciarias también persiste por la indiferencia de la sociedad.

Los espeluznantes testimonios de los presos y sus familiares no han sido hasta fecha reciente un tema destacado en los medios de comunicación; y el monitoreo de las condiciones de vida en los penales tampoco destaca entre las prioridades de las comisiones de derechos humanos, ni en la agenda de las principales organizaciones de la sociedad civil.

Esta amplia discrecionalidad, paradójicamente, supone una debilidad para los directores y los demás funcionarios de los penales. Sin un contrapeso, los funcionarios de los penales se encuentran solos frente a los criminales (tanto frente a sus sobornos como frente a sus amenazas). Los funcionarios no pueden alegar que carecen de las facultades, o que “los van a correr”, para negarse a acceder a las primeras exigencias de los criminales. Luego no pueden negarse ni siquiera a las exigencias más excesivas (como permitir la introducción de armas, o la ejecución de presos) porque los criminales ya son quienes ejercen el control efectivo del penal.

Así, el sistema de readaptación social se ha convertido en un pesado lastre para la política de seguridad del país. Ciertamente, las capacidades coercitivas del Estado fueron ampliadas en los últimos años (con la expansión de la Policía Federal, y los incipientes procesos de profesionalización en algunas entidades y municipios). Sin embargo, este esfuerzo es en buena medida infructuoso, pues —en un contexto en el que las organizaciones criminales controlan las cárceles— arrestar a un criminal no necesariamente significa incapacitarlo para seguir delinquiendo (por no hablar de rehabilitarlo para su futura incorporación a actividades productivas, o de disuadir a otros criminales potenciales).

Por otra parte, la debilidad del sistema de impartición de justicia y el control criminal de los penales suponen un alto riesgo para los policías y militares que participan en arrestos. Este riesgo consiste en que los delincuentes —que pueden fugarse, o que estando en prisión siguen bajo la protección de una organización criminal— también pueden llevar a cabo ajustes de cuentas en contra de las autoridades que los arrestaron. Por lo tanto, la debilidad de las cárceles también incentiva que las violaciones de derechos humanos, particularmente las desapariciones, sustituyan a los arrestos como principal mecanismo de coerción en contra del crimen organizado.

Para que México supere la actual crisis de seguridad será necesario que el próximo presidente de la República, de forma coordinada con los gobiernos estatales, impulse una política activa de rescate y fortalecimiento de los sistemas de readaptación social del país.

En mayo de 2010, el nefasto secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, afirmó que para marzo de 2012 se construirían 12 nuevos reclusorios federales, con una capacidad adicional total para 32 mil 500 presos (esto, independientemente de la expansión de la capacidad de la colonia penal de las Islas Marías, que es principalmente un penal para presos de mediana y baja peligrosidad).

En el cuarto informe de gobierno se asentó que dichos penales se ubicarían en Sonora, Chihuahua, Durango, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Puebla, y Zona Metropolitana (Estado de México o Hidalgo). De esta forma, de acuerdo con dicho funcionario, el gobierno federal estaría en condiciones para “custodiar a la totalidad de internos del fuero federal y los de fuero común con necesidades especiales de reclusión”.

Hasta el momento no se han observado avances satisfactorios en la edificación de los penales, y todavía es necesario definir una estrategia financieramente viable para subsanar el déficit de capacidad del sistema federal de readaptación social. A junio de 2011 sólo se habían incorporado al sistema federal cuatro penales o centros (que en tres casos no correspondían con las entidades planteadas originalmente).

Estas cuatro instalaciones tenían una capacidad conjunta para mil 654 presos; apenas 5% de la meta: el Cefereso 7 Nor-Noroeste en Guadalupe Victoria, Durango; el Centro Federal Femenil Noroeste en Tepic; el Cefereso 6 Sureste en Huimanguillo, Tabasco; y el Cefereso de Guasave, Sinaloa. Vale la pena destacar el costo de construcción de estos penales. Por ejemplo, el Cefereso de Guasave, con capacidad para 600 internos, implicó una erogación de 780 millones de pesos (un millón 300 mil pesos por interno).

De esta forma la cárcel de Cancún, a un año a cargo de Higinio Sánchez Baltazar, continúa en la lista de los penales más conflictivos y riesgosos y más aún, ha quedado evidenciado con el reciente operativo implementado por los cuerpos policiales en donde aseguraron como fue publicado este viernes, diversas cantidades de drogas, celulares, armas punzocortantes, entre otros objetos prohibidos y que introducen bajo la complacencia del propio alcaide.

Todo lo anterior, sin nombrar los intentos de motín y zafarranchos violentos que se han registrado durante el primer trimestre del 2012 también, bajo la complicidad de dicho funcionario.