El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) informó que interpondrá dos nuevos recursos legales contra el Instituto de Riesgo e Impacto Ambiental (Inira), la Secretaría Estatal de Medio Ambiente (SEMA) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por su actuación en el proyecto Dragon Mart.

Además, exigió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que revise el proyecto.

Al tratarse de un megaproyecto comercial, turístico y costero que incluye la construcción de una desaladora y ubicarse sobre el sistema de aguas subterráneas de la Península de Yucatán a menos de 3 mil 500 metros de la costa y de un Area Natural Protegida, es obligatorio que Dragon Mart solicite ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) una autorización en materia de impacto ambiental, denunció el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

El proyecto Dragon Mart contempla la construcción y operación de un complejo comercial, turístico y habitacional, que comprendería 3 mil 040 locales, 722 viviendas, una planta desaladora, entre otra infraestructura, en un predio de 561 hectáreas, ubicado en un ecosistema costero a menos de 3 mil quinientos metros de la costa y del Area Natural Protegida Arrecife de Puerto Morelos por lo que según la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y su Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA), los desarrollos e infraestructura habitacional, urbana, y comerciales que afecten a ecosistemas costeros, así como las desaladoras (desalinizadoras) deberán sujetarse a dicho trámite.

El argumento legal de esto, está en el Artículo 28 de la LGEEPA, el cual sostiene lo siguiente. “La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente. Para ello, en los casos en que determine el Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría.

Cabe señalar que uno de los recursos que interpondrá Cemda será ante la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a la cual solicitarán la nulidad del resolutivo del Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente de Quintana Roo, que les aprobó la Manifestación de Impacto Ambiental.

El otro recurso será promovido ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Se trata de un recurso de revisión del dictamen emitido por esta dependencia en la que tras una inspección ocular del predio El Tucán, se determinó que el promovente no había incurrido en ninguna irregularidad y daba por cerrado el caso.