Piden abogados la destitución de Pedro Reyes Pérez, subsecretario de la Junta de Conciliación y Arbitraje en Quintana Roo, por considerar que actúa con “fines políticos” y se beneficia, según ellos, de vender a la parte trabajadora.

De acuerdo a un escrito que medio centenar de abogados hizo llegar a la Contraloría del Estado, además de remitir copia al presidente Felipe Calderón, el gobernador Roberto Borge y el secretario estatal del Trabajo, Eduardo Ovando, Reyes Pérez ha instrumentado una serie de acciones al margen de la ley, en perjuicio de los trabajadores.

En conferencia de prensa, Martín Fernández Peña y Patricia Márquez denunciaron que el funcionario hace uso de “actuarios piratas”, que carecen de su respectiva cédula profesional, poniendo en riesgo los juicios que se ventilan en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Márquez dijo que en la JLCA ha sido una práctica común el uso del “coyotaje”, sin embargo, en los últimos dos meses han notado una serie de atropellos no sólo contra los abogados que llevan sus casos sino contra los propios trabajadores.

Peña dijo que el escrito, de que entregó una copia, fue entregado hace un par de semanas, sin embargo, a la fecha no han tenido respuesta.

Aseguró que el documento va respaldado por varias firmas, aunque la mayoría prefiere omitir sus nombres por temor a represalias en los asuntos que llevan ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que depende de la Secretaría Estatal del Trabajo.

Márquez se quejó de que Pedro Reyes tiene paralizados asuntos contra el Ayuntamiento Benito Juárez, bajo el argumento de que hay un acuerdo entre el alcalde Julián Ricalde y el gobierno del estado para sanear los asuntos que representan pagos millonarios en contra del ayuntamiento.

Dijo que los actuarios han sido adiestrados de que no tiene que hacer notificaciones.

Asimismo, ambos señalaron que la Junta de Conciliación y Arbitraje les está retardando sus asuntos, y peor aún, cuando un trabajador gana un juicio, a la parte patronal la pone sobre aviso para que la notificación no se realice, “dejando indefensa a la parte trabajadora”.

En conferencia de prensa, piden al gobernador Roberto Borge que intervenga al respecto, ya que según ellos, le está afectando en sus asuntos que llevan como representantes de trabajadores perjudicados por sus empresas.