El ayuntamiento de Playa del Carmen retiró un campamento de protesta que obreros de una obra mantenían desde hace tres semanas en la calle 10, en pleno corazón turístico de la Riviera Maya, en demanda del pago por sus servicios.

La secretaria general del ayuntamiento de Solidaridad, Cristina Torres Gómez, visitó a los inconformes para notificarles que obstruir el paso peatonal es una falta al Reglamento de Justicia Cívica, por lo que les pidió levantar el campamento semifijo que tenían sobre la ciclopista, y en el que mantenían una mesa sillas y un “ahorcado”, es decir, un muñeco colgado.

La funcionaria hizo valer el artículo 30 del Reglamento de Justicia Cívica para que los representantes de 30 obreros retiraran los objetos que mantenían en la vía pública, y quienes se mantienen en plantón como protesta por no haber recibido el pago por los trabajos realizados para la empresa M y R, y que, según los manifestantes, asciende a dos millones 358 mil pesos.

De acuerdo al artículo 30, fracción 12 del Reglamento de Justicia Cívica del municipio de Solidaridad, “(…) las marchas, manifestaciones o mítines podrán concentrarse en todo el territorio municipal, salvo en las zona de Playas y zonas turísticas de la Quinta y Décima Avenidas, y la vía de la Carretera Federal que abarca el Municipio (…)”.

Hoy, “el ahorcado” de los trabajadores en protesta fue descolgado, las mesas retiradas, y sólo quedaron las mantas en las que se lee: “MENTIROSOS NO SOMOS ZETAS SOMOS INDIGNADOS” y “LOS TRABAJADORES NO SOMOS PERROS”.

Un conflicto “turbio”, en medio, una diputada local

En su momento, el abogado Luis Manuel López González, representante legal de los 30 afectados, pertenecientes al Grupo Hemalo, denunció que los empresarios Alberto Casab y Wilberth Herrera Pavón, se han negado a pagarle a sus clientes, además de que los han intimidado, al señalar que cuentan con protección de diputados locales, ya que este último es hermano de Alondra Pavón, diputada de la actual Legislatura.

Por su parte, José Alonso García Ávila, representante de la empresa M y R, declaró que no adeudan 2 millones 358 mil pesos al Grupo Hemalo por los supuestos trabajos realizados en lo que será la plaza La Quinta Alegría, y aseguró que el conflicto se derivó de la rescisión del contrato por no haber cumplido con lo acordado.

Además, García Ávila comentó que sus clientes habían sido amagados con emprender una campaña de desprestigio en contra de la diputada Alondra Herrera Pavón, hermana de Wilberth Herrera Pavón, uno de los constructores de la plaza. El abogado incluso señaló que los obreros que protestan tenían vínculos con la delincuencia organizada. (NoticaribeNews)