Demanda Royal Caribbean a Cozumel. Aunque se ha tratado de mantener oculto y aunque públicamente ejecutivos de la naviera Royal Caribbean International se toman sonrientes fotos con el alcalde y declaran que no tienen problema alguno con las autoridades y sus decisiones, lo cierto es que este mismo martes, en el Juzgado Quinto de Distrito con sede en Cancún, abogados de RCI y del ayuntamiento, tendrán que presentarse a la primera audiencia del juicio de amparo interpuesto por la naviera contra este municipio.

La demanda es un juicio de amparo que solicita RCI contra actos del presidente municipal de Cozumel para dejar a salvo los derechos de los miles de pasajeros que esa naviera trae a la isla.

La segunda empresa naviera más grande del mundo en orden de valor en bolsa y la armadora de los cruceros más grandes de la historia, Royal Caribbean International, (RCI), demanda a Cozumel por la nulidad del convenio que involucra al sindicato de taxis y una nueva plaza comercial que opera enfrente del muelle SSA México, con el que la naviera tiene una fuerte relación comercial.

(Esa relación además, es de carácter técnico, pues a diferencia de cualquier otra naviera, RCI no se puede cambiar de muelle porque sólo el SSA tiene las dimensiones necesarias para recibir a sus cruceros de última generación, adaptaciones que costaron millones de dólares y meses de trabajo).

Sin embargo, aunque la demanda interpuesta por RCI contra el Ayuntamiento de Cozumel tiene su origen en el convenio firmado en 2009 con la plaza Royal Village, el sindicato de taxis y el ayuntamiento que entonces presidía Juan Carlos González Hernández, actual secretario de Turismo del estado; en realidad lo que la naviera está demandando es la protección de los derechos y la seguridad de sus pasajeros.

El convenio de marras, que recientemente dimos a conocer en exclusiva en estas páginas, obliga a los miembros del sindicato para que todo el pasaje que vaya o venga del muelle SSA México a cualquier punto de la isla, sea obligatoriamente abordado y descendido en el estacionamiento interior de la plaza comercial, que de esta forma pretende beneficiarse del gran número de personas que requieren ese servicio en un muelle donde llegan barcos que entre pasajeros y tripulantes traen a más de ocho mil personas a bordo cada uno.

Esas personas son pasajeros de los cruceros y clientes bajo el cuidado de RCI, según lo que hemos podido averiguar acerca de la demanda interpuesta por RCI, la naviera lo que reclama es que se deje sin efecto tal acuerdo porque afecta los derechos de sus pasajeros al privarlos del servicio de transporte mediante una orden municipal que obliga a bajarlos y subirlos en un punto determinado y no donde ellos, los clientes, lo decidan.

En síntesis, muy aparte del conflicto creado por este convenio entre la nueva plaza comercial y el muelle SSA México, lo que Royal Caribbean quiere es que se le garantice que sus pasajeros y tripulantes podrán seguir, como hasta ahora, tomando un taxi y bajándose de él, donde y cuando así se lo indiquen los pasajeros al chofer y no en un determinado punto obligatorio en el que no se sabe bien a bien quién termina siendo responsable de la seguridad de las personas durante los más de 500 metros adicionales que tendrían que caminar para llegar del paradero al muelle.

Si los turistas o tripulantes quieren llegar a la nueva plaza o a la puerta del muelle, esa decisión tendría que ser de ellos, que son los que están pagando la nada barata tarifa de los taxis, pues no están tomando un transporte colectivo con paradas predeterminadas ni se los cobran así.

Cabe mencionar que entre los turistas de crucero, hay un alto porcentaje de personas de la tercera edad, personas con diversos impedimentos, -como el sobrepeso- y con diversos problemas de movilidad y que el trayecto implica superar largos pasillos, escalones y cruzar la avenida más transitada del puerto en horas pico.

El juzgado quinto de distrito con sede en la ciudad de Cancún, recibirá este martes a las diez con cinco minutos de la mañana a los abogados de ambas partes, RCI y el Ayuntamiento, para que expongan “lo que a su derecho convenga” acerca de este asunto que el gobierno municipal insiste en minimizar.

Tenemos igualmente información en el sentido de que esta es sólo la primera de una serie de acciones legales que intentarán dejar sin efecto ese convenio, al cual se refieren como una arbitrariedad y un exceso en las facultades del presidente municipal.