Existen dos posibilidades sobre la verificación ambiental que de la noche a la mañana “cocinó” el gobernador Roberto Borge Angulo y su equipo. La primera posibilidad, es que el gobierno del estado no tiene ningún sustento, ni antecedente sobre la misma, y que sólo fue ideada, como una manera más, de las varias que se han puesto en marcha, para allegarse de los recursos que se perderán al retirar la tenencia.

La segunda posibilidad en torno a la verificación ambiental, es que existen algunos documentos, pero la Unidad de Transparencia del gobierno del estado, negó su existencia con el objetivo de no hacerlos públicos, para que los gobernados, no conozcan quién será el verdadero beneficiado con este nuevo trámite; que por cierto, no será el medio ambiente.

Los dos casos planteados son posibles y los dos dejan ver la clase de Gobernador que tiene Quintana Roo: corrupto, opaco y cínico.

En torno a la verificación ambiental, aprobada el 15 de diciembre por mayoría priista; NoticaribeNews realizó cinco solicitudes de información en las que requiere fotocopia de los contratos de concesión otorgados a las empresas que realizarán la verificación; detallar cuántas mediciones ambientales de calidad del aire se realizaron en el 2010, y fotocopia de la primera y de la última del 2011; fotocopia de los estudios ambientales y económicos relacionados con los verificentros; fotocopia de la propuesta para la operación de verificentros hecha llegar al Poder Legislativo; y decir cuánto se erogará por el pago de verificación vehicular, por el parque vehicular de las dependencias del Poder Ejecutivo.

En todos los casos, la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo, negó la existencia de los datos y los documentos.

No existen contratos de concesión con empresas verificadoras, declara oficialmente el Gobierno del estado

En la solicitud de folio 00214411, NoticaribeNews pidió fotocopia de los contratos de concesión de las empresas que se encargarán de la verificación ambiental. En su respuesta, la Unidad de Transparencia aseguró que: “(…) de la búsqueda realizada al interior de la Administración Pública Estatal, se deduce que en los archivos de las dependencias y entidades que la conforman no existen contratos de concesión con las empresas que se encargarán de la verificación ambiental (…)”.

Sin embargo, precisamente hoy, el secretario de Hacienda del estado, Mauricio Góngora Escalante, confirmó lo contrario, es decir, que sí existen dichas concesiones, las cuales fueron entregadas, incluso, antes de que el Congreso del estado aprobara la verificación vehicular.

Entrevistado en Playa del Carmen, en torno a cuándo entrarán en operación los verificentros, Góngora Escalante, aseguró que en “en cuanto se otorgue la concesión vía oficial” (aunque) (…) “todavía no hay una fecha fatal para ello”.

El funcionario reconoció lo que ya se sabía, que antes de haber sido aprobada la verificación, ya se había entregado en concesión el servicio, a un grupo de “supuestas” empresas: “las empresas interesadas ya están, recordemos que cuando se lleva al Congreso la propuesta, ya hay las empresas que ganan la concesión pero se tiene que entregar el título de concesión y ese proceso es el que todavía no marca la fecha de instalación”; aseveró hoy el Secretario de Hacienda.

Las dos posibilidades planteadas en el inicio de esta nota siguen siendo válidas en torno a las concesiones: uno, que no existen los documentos, y las supuestas empresas también son un invento del Gobernador; o dos, que sí se tienen los documentos, pero no le conviene al Ejecutivo estatal hacerlos públicos. Sea como sea, en los dos casos huele a lo mismo: corrupción y opacidad.

Las demás preguntas planteadas por este medio de comunicación, se presentan en el recuadro, dónde vale la pena destacar no la respuesta, que como ya se dijo, fue negativa, sino, la información requerida, que no fue entregada por la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo.

No es ocioso mencionar, que hasta la semana pasada, al frente de dicha Unida de Transparencia estaba José Alberto Muñoz Escalante, cuyo servilismo fue premiado por el gobernador Roberto Borge, al designarlo consejero del Instituto Electoral de Quintana Roo, donde sin duda prestará sus servicios con el mismo cometimiento con que lo hizo en la Unidad de Transparencia por tantos años; defendiendo los intereses corruptos del Gobernador; y ocultando, ilegalmente toda la información posible, a sabiendas de que en Quintana Roo la justicia no alcanza a los funcionarios públicos deshonestos; al contrario, como en su caso, se les premia. (NoticaribeNews/Fotografía:Elizabeth Ruíz)