Los “Halcones” ocupan el nivel más bajo dentro de una organización delictiva y son los vigilantes, encargados de espiar las actividades de las autoridades u otros grupos delictivos.
Durante el 2012, una gran cantidad de personas fueron detenidas cuando realizaban labores de “Halconeo” en distintos puntos de la ciudad, encontrándose en sus teléfonos celulares mensajes en los que informaban a sus jefes sobre los movimientos de las corporaciones policíacas y las Fuerzas Armadas.
Ante el crecimiento de esta actividad en la que también participan taxistas, policías municipales, mujeres, hombres y menores de edad; en abril del 2012 se lanzó una iniciativa para que se reformara el Código Penal del Estado de Quintana Roo; buscando tipificar como delito el “Halconeo”.
Fue hasta noviembre del año pasado, cuando el Congreso del Estado aprobó, por unanimidad, la reforma al Código Penal que creaba el delito de “Uso indebido de información sobre las actividades de seguridad pública y procuración de justicia”, actividad que realizan los llamados “Halcones”.
La reforma, establece castigo de dos a 6 años de prisión al que obtenga información privilegiada de las instituciones de Seguridad Pública o de las Fuerzas Armadas, y la utilice para avisar a terceros, para evitar que éstos sean detenidos o para que puedan concretar una actividad delictiva.
La pena puede aumentarse hasta un máximo de nueve años de prisión para el que utilice a menores de edad o discapacitados para cometerlo, o cuando se utilicen taxis o vehículos oficiales, o cuando el que lo cometa sea policía, miembro de las Fuerzas Armadas o guardia de seguridad privada.
El delito quedó encuadrado en el Código Penal del Estado en la Sección Cuarta “Delitos contra el Estado”, dentro del Título Primero “Delitos contra la seguridad interior del Estado”, en el Capítulo VI, como “Uso indebido de información sobre las actividades de seguridad pública y procuración de justicia”.
En dicho capítulo se incluyó el artículo 204 bis, estableciendo el tipo penal de la manera siguiente: “Al que obtenga información privilegiada de las instituciones de Seguridad Pública o de las Fuerzas Armadas y la utilice para avisar a terceros, para evitar que éstos sean detenidos o para que puedan concretar una actividad delictiva, se les impondrá una sanción de dos a seis años de prisión y de cien a mil días de multa.
Para efectos de este artículo, se entenderá por Instituciones de Seguridad Pública las previstas en el artículo 5 fracción XVI de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo (que son las instituciones policiales, de procuración de justicia, del sistema penitenciario y dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel estatal y municipal).
Asimismo, se entenderá por información privilegiada aquella relacionada con las actividades provenientes de operativos, investigación y persecución de delitos y sus autores, que en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo, es considerada como reservada o confidencial”.
Sin embargo, jurídicamente, aún hay algunas “lagunas legales” que dificultan ejercer la acción penal en contra de personas detenidas por ese delito.
En lo que va de este año, han sido detenidos tanto hombres como mujeres dedicados al “Halconeo” y el fin de semana pasado, la Policía Judicial del Estado (PJE) logró la captura de dos mujeres y cuatro hombres integrantes del Cártel del Golfo.
Las dos mujeres eran “centralistas”, encargadas de distribuir a los “Halcones” por toda la ciudad y tres de los hombres, confesaron ser “Halcones”.
Todos fueron consignados a un juez penal, sin embargo, el Ministerio Público del Fuero Común ejercitó acción penal en su contra por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, pues al momento de su detención se aseguraron varias dosis de cocaína, crack y marihuana.
El procurador de Justicia del Estado, Gaspar Armando García Torres, explicó que es difícil hacer una consignación por “Halconeo” propiamente dicho, pues aunque los detenidos acepten dedicarse a esa actividad, legalmente resulta insuficiente. “Aunque lo confiesen, no es suficiente” dijo.
Desde que se aprobó la reforma al Código Penal del Estado de Quintana Roo, ninguna persona ha sido consignada por “Uso indebido de información sobre las actividades de seguridad pública y procuración de justicia”.