El pasado primero de marzo, la fiscal de la FEADLE a cargo de la carpeta de investigación FED/FEMDH/FEADLE-QR/0000846/2021 informó en audiencia que el fiscal general de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca Rosales fue citado a comparecer este 13 de marzo, en calidad de imputado, dentro del procedimiento derivado de la denuncia presentada por esta periodista por el probable delito contra la libertad de expresión.
Fue en audiencia ante Juez de control federal donde compareció el abogado defensor del funcionario, y la Fiscal especializada confirmó que el Fiscal General del estado tenía ya calidad de imputado. Lo anterior ocurre a dos años de que esta periodista presenté denuncia en contra del referido servidor público, del hoy ex gobernador, Carlos Joaquín González, de un periodista de Quintana Roo y de diversas personas.
El 22 de febrero de 2021 interpuse querella ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión mediante escrito en el que detallé cómo a partir de que hice público el despojo en agravio de un anciano de origen maya y en el que estaría involucrado el cuñado del entonces Gobernador, Carlos Joaquín González, se orquestó en Quintana Roo una campaña con la intención de intimidar y acallar mi labor periodística mediante un discurso generado por el Fiscal General de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca Rosales, quien en dos comparecencias ante el Congreso del estado de Quintana Roo, una, el 15 de diciembre de 2020, y otra, el 10 de febrero de 2021, difundió información falsa sobre mis actividades como abogada litigante, e incluso desde la tribuna legislativa me acusó de cometer delitos como tráfico de influencias y despojo.
La campaña sobre los delitos supuestamente cometidos por la que esto escribe, fue particularmente impulsada por un periodista del estado, quien generó contenidos que reforzaron la línea discursiva promovida por el Fiscal General del estado, cuestionando mi labor como periodista, como abogada y como activista; contenidos que además fueron replicados por múltiples medios de comunicación afines al gobierno del estado y por la página de internet Regio News, creada exprofeso para difundir la información a través de videos dispersados como publicidad pagada para alcanzar un millón de personas.
Se trató de una campaña estructurada que además incluyó el acoso y la intimidación a través de denuncias en contra de esta periodista por la comisión de supuestos delitos cometidos en mi actividad de abogada litigante, delitos como tráfico de influencias, despojo y fraude; curiosamente los señalados por el fiscal Óscar Montes de Oca en sus comparecencias del 15 de diciembre de 2020 y 10 de febrero de 2021.
Ha sido en ese contexto de acoso, que apenas el 15 de diciembre del año pasado, el fiscal Omar Maldonado Jiménez me notificó el ‘cambio’ de mi situación jurídica dentro de una carpeta de investigación, en el que se me informó que pasé de defensora a imputada… lo anterior en un intento por seguir sosteniendo la “acusación pública” que el Fiscal General de Quintana Roo hizo en mi contra, en cuanto a que ‘antes que defensora de derechos humanos me he dedicado a despojar a una comunidad humilde de Mahahual’.
En los años que siguieron a mi denuncia, he tenido que combatir las múltiples determinaciones de la FEADLE, como la determinación de abstención de investigar, el no ejercicio de la acción penal, y múltiples negativas a realizar actos de investigación propuestos por esta periodista. Han sido los jueces del Poder Judicial de la Federación, quienes han enmendado la reticencia de la Fiscalía de delitos contra la libertad de expresión y han ordenado a esta dependencia realizar una investigación exhaustiva.
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