Opera Tribunal Agrario contra posesionarios de Tulum

Será a finales del primer trimestre del 2012 cuando se lleve a cabo la audiencia del Tribunal Unitario Agrario (TUA) en Chetumal, para que las partes involucradas presenten pruebas y desahogos por el conflicto agrario que enfrenta el Ejido “José María Pino Suárez”, por lo tanto, el dictamen por parte de los magistrados podría alargarse un año más.

Personas relacionadas con el litigio que data de hace 38 años indicaron que con la suspensión de la audiencia del TUA, programada para el pasado 30 de noviembre, en la ciudad de Chetumal, se demuestra una vez más la falta de interés por solucionarlo.

Señalaron que un grupo de representantes legales acudieron a entregar la documentación correspondiente a los magistrados; sin embargo, la contraparte no llegó, así como la mayor parte de los integrantes del tribunal, por lo tanto, fue necesario diferir la audiencia para el 20 de marzo de 2011, ya que no fue posible que sea en lo que resta del año, toda vez que a partir de la segunda quincena de diciembre, saldrán de vacaciones en este órgano de justicia agraria.

Esta situación, agregaron, permite que continúen los juicios ejecutivos mercantiles en contra de 10 predios promovidos ante Rosario Pérez Basto, Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad y se presenten más desalojos en las próximas semanas en los predios costeros de Tulum.
También al no celebrarse la audiencia, se confirmó el fraude que pretendía realizar la mesa directiva del ejido “José María Pino Suárez”, quienes habían informado a los posesionarios que el dictamen sería a su favor, por lo tanto, tendrían que pagar 50 mil pesos para el inicio del trámite de titulación de sus predios, así como 50 dólares por metro cuadrado de su propiedad para obtener el documento.

Finalmente, indicaron que esta situación genera más incertidumbre entre los posesionarios de los hoteles y cabañas de la zona costera, toda vez que en cualquier momento podría emitirse una orden de desalojo en perjuicio de empresarios, turistas y trabajadores de los centros de hospedaje, situación que afectaría la imagen de Tulum como un destino seguro.