A unas horas de salir de vacaciones decembrinas, la juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, María del Rosario Pérez Basto, respondió al juez de Circuito, en cuanto al amparo que promovieron seis posesionarios que fueron despojados de sus hoteles y cabañas en la zona costera de Tulum y explicó que desconocía los hechos ocurridos durante la tarde del pasado 31 de octubre de 2011.

Ante esta situación, los representantes legales de los afectados mencionaron que iniciarán una demanda por corrupción en contra de Pérez Basto, ya que están recabando información para demostrar que recibió 2 millones de pesos para firmar las órdenes de desalojo, mientras que el actuario Luis Miguel Escobedo Pérez, 1 millón de pesos, por encabezar el desalojo en contra de los inversionistas nacionales y extranjeros.

Señalaron que han recabado evidencias en donde se establece que la juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, sostuvo reuniones con el “supuesto” licenciado Carlos González Nuño, representante de Eufracia Vega Chávez, quien le entregó los recursos económicos para aprobar que se llevara a cabo esta acción ilegal.

Los representantes de los predios “Las Nubes”, “Xicho”, “Vía Laktea”, “Hamaca Loca”, “Casa del Jaguar” y “Tierras del Sol”, indicaron que promoverán ante las instancias legales que se investigue las declaraciones patrimoniales de la juez y el actuario, toda vez que están incurriendo en actos de corrupción y de enriquecimiento ilícito.

Señalaron que el pasado viernes 23 de diciembre, recibieron la respuesta del amparo, la cual establece que María del Rosario Pérez Basto, indicó que no tenía conocimiento de los desalojos realizados el pasado 31 de octubre, a pesar de que los documentos que exhibió el actuario Luis Miguel Escobedo Pérez, tenía su firma.

Los abogados indicaron que la juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, en vez de declararse incompetente para llevar estos casos porque se tratan de índole federal, al firmar las órdenes de desalojo está fomentando el enojo y posiblemente un brote de violencia entre las partes involucradas por la disputa de los terrenos costeros de alta plusvalía.

Finalmente, indicaron que investigarán si el actuario Luis Miguel Escobedo Pérez, aceptó encabezar este desalojo por iniciativa propia o por indicaciones de María del Rosario Pérez Basto, pero de lo que están seguros es que existen actos de corrupción que deberán ser investigados por las autoridades competentes y aplicar las sanciones correspondientes.