Cinco de los ciudadanos detenidos el viernes 5 de junio, quienes se oponían a la destrucción del parque de Puerto Morelos, presentaron este lunes una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción en contra de Gumersindo Jiménez Cuervo, director de Seguridad Pública, Tránsito y Policía Turística, Alfredo Serrano Guinto, director de la Policía Preventiva y Turística, y en contra de Laura Fernández Piña, presidenta municipal, todos del municipio de Puerto Morelos, por el presunto delito de abuso de autoridad; contra los primeros por su acción, y contra la Alcaldesa por su omisión.

Los denunciantes fueron detenidos con violencia cuando se encontraban en las inmediaciones del quiosco y otros más en la calle y fuera del perímetro de seguridad de la obra, mientras  la maquinaria de la empresa Constructora HouseJK continuaba con su apresurada demolición del parque de Puerto Morelos, uno de los lugares más emblemáticos de este municipio.

En la denuncia presentada hoy en contra de los mandos policiacos, la presidenta municipal, Laura Fernández, y los policías que llevaron a cabo la detención, se solicitaron diversos actos de investigación, entre otros el requerir a la Secretaría de Seguridad Pública de estado copia de la orden que el 4 de junio dio el titular de la dependencia, Alberto Capella, a todos los mandos policiales en el estado adheridos al mando único en el que ordena supervisar personalmente el actuar del personal a su cargo poniendo mayor atención a la acostumbrada para evitar excesos, errores o abusos contra la ciudadanía. Obtener dicha prueba es relevante puesto que significa que los mandos municipales, Gumersindo Jiménez y Alfredo Serrano, desobedecieron la orden recibida por el titular de Seguridad Pública del estado, y se extralimitaron en su actuación.

Igualmente se solicitó a la Fiscalía Anticorrupción entrevistar al secretario de seguridad pública del estado, Alberto Capella, para que en su presencia sean reproducidos los videos de las detenciones arbitrarias que se aportaron como prueba a la denuncia, con el fin de que pueda ser interrogado por los asesores jurídicos de las víctimas, en relación a lo difundido por el primer policía del estado en su cuenta de twitter el 5 de junio en cuanto a que en el caso de Puerto Morelos no se acató la instrucción (de evitar excesos errores o abusos) y se actuó sin planear, evaluar y medir las consecuencias.

La declaración de Alberto Capella, perito en materia de Seguridad Pública, será útil para determinar si hubo exceso en el uso de la fuerza en las detenciones realizadas; lo anterior, independientemente del análisis de los hechos que aseguró que realizará en conjunto con la Fiscalía General del Estado para hacer una evaluación del mando que tomó “esas decisiones”, en referencia a la detención con violencia de los ciudadanos que se encontraban en el lugar cuando la maquinaria destruía el quisco y el parque de Puerto Morelos.   

Como se recordará, los ciudadanos que hoy denuncian fueron detenidos por elementos policiacos antimotines y otros que portaban armas, incluso largas, mientras se encontraban de forma pacífica en el quiosco y en las inmediaciones del parque.

Algunas de las hoy víctimas pernoctaron en el lugar junto con una treintena de ciudadanos que se oponían a la obra por considerarla innecesaria y onerosa (19 millones de pesos), cuando en Puerto Morelos no se cuenta ni con un hospital.