La Comisión de Justicia del Congreso del Estado declaró procedente la demanda de juicio político interpuesta contra la presidenta municipal de Tulum, Edith Mendoza Pino, por dos regidores miembros del mismo cabildo, pues los diputados consideraron por unanimidad que cumple con los requisitos formales para que el caso sea turnado al pleno de la Legislatura y se integre una Comisión Instructora que investigue el sustento de las acusaciones que se le hacen por abuso de autoridad y desfalco de recursos públicos.

Para declarar procedente la demanda de juicio político, en la reunión de la Comisión de Justicia que se celebró este jueves por la mañana, fue decisiva la validación que hizo la Auditoría Superior del Estado de la autenticidad de los documentos que integraron como pruebas los regidores de Tulum Silvia Lugo Flota y Bartolomé May, en su solicitud de juicio político contra la alcaldesa.

“La Auditoría Superior del Estado validó y certificó la documentación que presentaron los regidores, esto motivó que se declarara procedente el juicio político; entre los documentos hay facturas que se emitieron antes de que exista la empresa, por decir una cifra, hay montos de 2 millones de pesos”, dijo la diputada Patricia Sánchez Carillo, presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado.

“En la documentación que fue cotejada y certificada, hay asignación de obras donde aparece la figura de un familiar de la presidenta municipal; además se entregaron obras sin seguir el proceso de licitación que marca la ley”, agregó.

Entre los documentos que presentaron los regidores y que ya fueron validados por la Auditoría Superior del Estado, se encuentran facturas de un viaje a Londres de personal del Ayuntamiento, la alcaldesa y sus familiares, todo por un monto superior a los 800 mil pesos.

“En suma, son poco más de 8 millones de pesos lo que reflejan los documentos que se presentaron; cuando inicie el proceso del juicio político, la alcaldesa podrá presentar pruebas a su favor y defenderse de los señalamientos en su contra”, agregó la diputada.

Además, corroboraron que los trabajadores del Ayuntamiento de Tulum carecen de seguridad social, incluyendo a los policías que desarrollan una actividad riesgosa; se logró comprobar que los trabajadores no reciben esta prestación aún cuando el Ayuntamiento está obligado a brindarlo.

Sánchez Carrillo señaló que la veracidad de los documentos que se presentaron motivó que los miembros de Comisión de Justicia declararan procedente el juicio de manera unánime.

“Cuando se integre la Comisión Instructora, los diputados que la conformen realizarán las verificaciones correspondientes y de esta supervisión se emitirá un dictamen sobre la sanción y ya será el pleno del Congreso el que vote sobre la sanción que se determine”, dijo.

Cabe mencionar que el juicio político sólo prevé dos sanciones: la destitución e inhabilitación del servidor público, cuando todavía se encuentre en el cargo; o sólo la inhabilitación para ocupar cargos públicos por hasta 20 años, cuando el servidor público enjuiciado ya no se encuentre en el cargo público.

Será el próximo martes cuando se notifique al Pleno del Congreso del Estado sobre el dictamen de procedencia de juicio político en contra de la alcaldesa, esto dará pie a la integración de la Comisión Instructora, que fungirá como la autoridad investigadora.