Se alista a reelegirse por seis años más, Isabel Cecilia González Glennie, magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo (TJAQROO), conocida no por su labor sino por un audio que este medio hizo público en octubre de 2020 y en donde se le escucha reprender agresivamente a una subalterna y aceptar la sumisión del TJA al Poder Ejecutivo, en ese entonces encabezado por Carlos Joaquín González.
La reelección de González Glennie y del magistrado Alfredo Cuellar Labarthe, se encuentra en análisis de la Comisión Anticorrupción de la XVII Legislatura del Poder Legislativo de Quintana Roo; pero como mero trámite, puesto que esta legislatura no abrió convocatoria para la renovación de magistrados en un tribunal que se ha caracterizado por la corrupción y falta de probidad de sus integrantes.
ISABEL CECILIA GONZÁLEZ GLENNIE, CORRUPTA Y PREPOTENTE
El 22 de octubre de 2020 se dio a conocer un audio en el que interviene Isabel Cecilia González Glennie, magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo, y una exfuncionaria de nombre Llublyn, a quien reprende de forma grosera y violenta, y ante quien acepta que los magistrados y empleados del Tribunal de Justicia Administrativa, son “espacios” negociados de los partidos políticos y que la contratación de personal es por amiguismo.
En el audio se escucha a Isabel González reconocer que su cargo es un “espacio” del PAN, y que se lo debía al entonces diputado Eduardo Martínez Arcila. Se oye cómo ésta reprime y regaña con palabras altisonantes y en tono de elevada prepotencia a Llublyn Fuentes Gómez, quien tenía el cargo de titular de la Unidad de Capacitación y Profesionalización del Tribunal de Justicia Administrativa.
En otra parte del audio se escucha a la Magistrada Isabel Cecilia hablar de la pugna entre su comadre María Guadalupe Leal Uc, Secretaría de la Tercera Sala, y otro funcionario, y expresa el deseo de la ex Síndico municipal de Cancún, de ‘madreárselo’.
El 7 de abril de 2021, fue dada a conocer por este medio una conversación entre la magistrada Isabel González, y otra funcionaria de nombre Christia Paola Angulo Villanueva, en la que la togada se “lamenta” de que se le asignan los asuntos difíciles como el de la disuasión a balazos de la manifestación del 9 de noviembre de 2020, en Cancún, y acepta que el entonces gobernador, Carlos Joaquín González, tenía intervención en la resolución de los asuntos del Tribunal.
En uno de los chats, de fecha 28 de diciembre de 2020, la magistrada de la Tercera Sala Unitaria del TJA, Isabel González Glennie, expresa su preocupación por procedimientos que tiene abiertos en su contra, y se queja de que ‘casualmente le tocan asuntos complicados’. Paola Angulo Villanueva comenta que ‘nadie opera políticamente el Tribunal’, y que ella misma le ha sugerido a “el chafa”, quien, de las conversaciones se deduce que es el magistrado presidente Alfredo Cuellar Labarthe, que busque directamente al “ciudadano”, en referencia al gobernador del estado, Carlos Joaquín González, término con el que se le conoce en la esfera de la administración pública.
La Magistrada, se lamenta que Cuellar Labarthe no se comunique directamente con “el ciudadano” y que lo haga a través de su enlace, y afirma que son ellos los que deben buscar al Gobernador. “-Piensa que el ciudadano se debe comunicar con el -Y es al revés -Pero no hay forma de que lo entienda -Yo ya lo hice…” expresa la jueza.
En otra parte de la conversación del 28 de diciembre de 2020, la Magistrada Isabel González Glennie refiere que está a cargo del asunto de la disuasión a balazos de la manifestación en Cancún del nueve de noviembre del año pasado; y comenta que la sala vecina, en referencia a la de la magistrada Mónica Valencia Díaz, estaba renuente a recibir la demanda lo que habría sido un golpe para el gobierno.
TRIBUNAL PODRIDO DESDE SU RAÍZ
El Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo, que es parte del Sistema Anticorrupción, nació podrido de raíz, pues fue constituido, como dice la magistrada Isabel González Glennie, por personas que eran cuotas de los partidos políticos.
El mejor ejemplo lo fue Fernando Gama Rodríguez, quien fue electo magistrado, a pesar de haber entregado datos y documentos falsos, y quien era pareja sentimental de la actual presidenta municipal de Solidaridad, Playa del Carmen, Lili Campos Miranda; y con la ayuda de la actual tesorera de gobierno de Solidaridad, Kira Iris San, quien le entregó un contrato de arrendamiento de una de sus propiedades, para “acreditar” que Gama Rodríguez cumplía con la residencia requerida por la Constitución de Quintana Roo.
Fernando Gama Rodríguez fue denunciado por abogados de la asociación Somos Tus Ojos por operaciones con recursos de procedencia ilícita, luego de que se comprobara que a pesar de tener un sueldo de burócrata de bajo nivel en el Estado de México, él y su familia habían amasado un importante número de inmuebles y operaban un restaurante en la Ciudad de México.
A días de de dejar el gobierno, Carlos Joaquín González protegió a su aliado, y pareja de su amiga, Lili Campos Miranda, a quien sin reunir los requisitos legales, el 21 de septiembre de 2021, le entregó una Notaría Pública número 103, con residencia en Playa del Carmen.
MAGISTRADO PRESIDENTE, TRATA CON EL PIE A ARRENDADOR DEL TRIBUNAL
Otro “ejemplo” de amiguismo y de que el Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo es visto como una institución sin la menor importancia, lo es la designación de Jesús Antonio Villalobos Carrillo, como Magistrado el 25 de enero de 2022, y quien es el actual Presidente del TJA.
Villalobos Carrillo, es otro amigo cercano de Lili Campos Miranda, a quien sustituyó en la titularidad de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado cuando ésta se separó del cargo para contender por un diputación bajo las siglas del PAN.
Con la misma experiencia que Campos Miranda, esto es, de agente de Ministerio Público, y con la misma suerte, pero de igual forma con la misma incapacidad, Antonio Villalobos llegó a la presidencia del TJA, del que solo se sabe por sus integrantes faltos de probidad y por los escándalos en sus resoluciones, como el juicio que perdió el Tribunal frente a Aguakan en su intento por revocarle su concesión de agua potable.
En un correo electrónico hecho llegar a la que esto escribe, una persona de nombre José Ricardo Rodríguez Segovia, quien se dice arrendador del edificio del Tribunal de Justica Administrativa de Chetumal, le reclama a su Presidente, el trato déspota e indigno del que ha sido objeto, la falta de respuesta para tratar temas relativos al arrendamiento del edificio, las mejoras realizadas a éste, la colocación de cámaras de vigilancia de las que reclama Villalobos Carrillo el control, y la incertidumbre en el pago de la renta.
En el correo, Ricardo Rodríguez le recuerda al Magistrado Presidente las múltiples citas en las que lo ha dejado esperando sin atenderlo, también las mejoras sin pago realizadas a su oficina, la falta de contrato, y lo barato del arrendamiento.
El afectado envió el correo a todos los magistrados del TJA, al órgano interno de control, a la dirección administrativa del Tribunal, y le advierte que enviará un escrito de queja a la gobernadora del estado, Mara Lezama, y al Poder Legislativo.
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