Aunque el sábado pasado, el alcalde de Cancún, Julián Ricalde Magaña, aseguró que pediría la intervención del Ejército, a través de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) para desalojar zonas irregulares, e incluso, comparó la intervención de los castrenses con su actuación en los hoteles de Tulum, donde han apoyado algunas diligencias de notificación, hoy, Julián Ricalde se desdijo:

“(…) a la pregunta la que decía reubicar a quienes no estuvieran hace mucho tiempo en ese lugar, también ahí interviene la Semarnat, debe intervenir la Semarnat y la Profepa, y en ese sentido ellos auxilian, inclusive el Ejército; eso es lo que dije. No que vamos a utilizar al Ejército para meternos, yo no soy quién, no soy la autoridad. En todo caso, lo que estamos haciendo es inhibir que siga habiendo asentamientos irregulares, que metan en problemas al gobierno, a la ciudad y al crecimiento mismo de la ciudad”.

Sin embargo, el pasado sábado, 3 de diciembre, el Presidente municipal de Benito Juárez, sí afirmó que pedirían la intervención del Ejército para efectuar desalojos, e inclusive, señaló que también se requeriría la presencia de la Comisión de Derechos Humanos:

“(…) estoy hablando inclusive de solicitar intervención a través de la Semarnat, del Ejército. Si el Ejército es capaz de llegar a Tulum a un hotel, por qué no vamos a llegar a un asentamiento que pone en peligro la viabilidad del agua”, señaló ese día el Edil.

Para mayor precisión, sobre lo que sí dijo Julián Ricalde, en referencia a los desalojos, ese sábado por la mañana, en entrevista, el Alcalde de Cancún expresó: “la reubicación es un tema también de tratar con los Derechos Humanos, tampoco son criminales, no se puede criminalizar la necesidad hay que llegar a advertirlos y hacer todo el trabajo necesario para que se reubiquen”.

Tuvieron que pasar 48 horas para que Julián Ricalde se diera cuenta de su desvarío, pero sobre todo, de su inviable declaración, pues hoy aseveró que sólo se refería a regularizar los asentamientos:

“La pregunta que me hicieron (el sábado pasado), y a la que contesté es en sentido de que no vamos a permitir más establecimientos, asentamientos humanos irregulares. De los que ya están y tienen mucho tiempo hay que regularizarlos”, mencionó.

En un tono completamente distinto, Julián Ricalde prefirió desmarcarse del problema y tirarle la pelota al gobierno del estado: “ay una gran cantidad de zonas que están invadidas, muchas de ellas son del Ayuntamiento; estamos platicando para que se les dé una alternativa, el problema es que en este estado, quien tiene por ley las reservas es el Estado, a través de Infovir, desde sus inicios; pero tiene muchos años que no reparte ni un sólo lote y la única forma hoy día de encontrar viviendas es a través del programa de vivienda de las fraccionadoras y eso ha ido generando otros problemas en la ciudad. Vamos a buscar también un mecanismo en el que le pueda dar certeza a la gente”, enfatizó el mandatario municipal.

La llave a la cascada de incoherencias sobre las zonas irregulares fue abierta por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCEC), Francisco Córdova Lira, el viernes pasado, durante la tercera Reunión del Subcomité del Programa de Desarrollo Urbano (PDU), y en la cual inició su intervención pidiendo: “Pártanles la madre”, en referencia a los asentamientos irregulares.

También, fue Córdova Lira el primero en solicitar la intervención de la fuerza pública para desalojar los asentamientos irregulares: “Que los metan a la cárcel –pidió el empresario- o que entren a un proceso de intercambio para que salgan de esa zona”.

Pero también fue el propietario de Delphinus, el primero en reconocer la inmovilidad de las autoridades por razones políticas: “le tienen miedo a estos invasores porque son votos y esto es muy perverso”, destacó el viernes 2 de diciembre en entrevista. (NoticaribeNews)