La Secretaría de Economía (SE) aseguró que aún no recibe ninguna solicitud relacionada con el proyecto Dragon Mart Cancún, pero garantizó al sector empresarial mexicano que, en caso de presentarse, se cumplirá la ley y se buscará que no se afecte a la industria nacional.

El titular de la dependencia, Ildefondo Guajardo Villarreal, aseguró que ese proyecto es muy incipiente porque todavía no obtiene el uso de suelo en el municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo, ni tampoco hay solicitudes en Comercio Exterior o Migración.

“No hay elementos porque no hay ninguna solicitud formal a la Secretaría de Economía en ninguna área de las cuales está aparentemente pensado este proyecto, pero en su momento, es muy sencillo, con la ley en la mano se tomarán las decisiones de cualquier solicitud que llegue a la Secretaría”, dijo.

El funcionario federal aseguró que mantendrá contacto con el sector empresarial, para que cualquier proyecto no tenga ningún elemento lesivo en términos de ventajas no legales sobre la industria nacional.

“Deben estar tranquilos que para cualquier proyecto la Ley se aplicará como está establecido”, añadió.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, dijo no estar en favor del proyecto Dragon Mart en México, y que estará pendiente de que estos esquemas cumplan con toda la normatividad legal y jurídica que exige el país, para evitar paraísos fiscales o laborales que perjudiquen a la industria nacional.

En el marco del Foro México 2013, comentó que debe impulsarse una política industrial acorde a lo que se promueve en el país, que es fortalecer a la planta productiva nacional sin caer en proteccionismo y generar condiciones para su crecimiento.

Reiteró que no se trata de un tema de proteccionismo, sino de que el sector industrial mexicano tenga condiciones adecuadas para su desarrollo.

Ayer miércoles, inversionistas de Dragon Mart Cancún aseguraron que el proyecto comercial en Quintana Roo “va en tiempo y forma” y reiteraron que ya fue autorizado en materia de impacto ambiental y de servicios, que el permiso de construcción es el único trámite que hace falta, por lo que el plan de su edificación avanza.

Esta postura se da en un marco de críticas de diversas asociaciones empresariales al proyecto, al argumentar que se trataría de la comercialización masiva de productos chinos, lo que implicaría abrir “las puertas a competidores que han demostrado a través del tiempo ser desleales y estar fuera de la ley” .