El titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del estado, Patricio de la Peña Ruiz de Chávez, informó que el municipio con más demandas laborales por despidos injustificados, es Benito Juárez, le siguen Solidaridad, Lázaro Cárdenas, José María Morelos y el último lugar aparece Tulum.

Subrayó que Benito Juárez, tenía 60 demandas en su contra, sin embargo recién ingresaron otras 22, por el despido que hubo del personal del Instituto Municipal de la Mujer (IMM).

Por lo que esperan que se vayan dirimiendo los casos en el menor tiempo posible y que las partes en conflicto lleguen a un acuerdo con las nuevas figuras y alcances que existen, de acuerdo con la reforma laboral.

Puntualizó que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, que es donde se ventilan las demandas que existen en contra de los ayuntamientos, está laborando en tiempos muy cortos, es decir, en tres meses aproximadamente logran dictaminar y dependiendo de los recursos con los que cuentan las partes en 12 meses o 18 meses estarían cubriendo los pagos que correspondan.

Con la reforma laboral, destacó que están cambiando el funcionamiento interno de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, lo mismo que en el Tribunal, debido a que se debe contar con una nueva figura que es la del “conciliador” y que el avance en esas modificaciones es del 30 por ciento en este momento.

Al respecto, explicó que están en pláticas con el gobierno del estado para que les autoricen tres plazas en cada una de las juntas y en el tribunal, para la contratación de abogados, que serán los responsables de llevar las conciliaciones entre las partes en conflicto, con tal de evitar que lleguen a los tribunales.

Destacó que el plazo que tienen las autoridades del ámbito laboral para funcionar con todas las figuras que establece la reforma laboral es de seis meses, además de que tienen que modernizar las Oficialías de Parte, ya que se digitalizarán todos los trámites.

En tanto considera que en un lapso de tres o cuatro meses tendrán un avance de 60 ó 70 por ciento, por otra parte destacó que los amparos que varios sectores interpusieron para protegerse de los efectos que consideran negativos de la reforma, lo hicieron en instancias federales.

Por ello dijo que es competencia de la autoridad federal determinar qué procede y los trabajadores que se sienten aludidos con la nueva política laboral, también estarán en todo su derecho de llegar a las instancias correspondientes.

Subrayó que la autoridad laboral estatal se apegará a las disposiciones de la reforma laboral, al considerar de igual forma que es en beneficio de la base trabajadora, además de que estarán enfocados en atender el rezago que existen en las juntas y dar celeridad a los casos pendientes, que son muchos.

En tanto con la nueva ley laboral, los procesos se agilizan y se deja a un lado los procedimientos engorrosos, ya que era lo que generaba el rezago en las juntas, por lo tanto dijo que existe confianza en que obtendrán las plazas que necesitan para un mejor funcionamiento, pero sobre todo porque lo exige la reforma laboral.

Señaló que estarán trabajando con los sindicatos y cámaras empresariales, con tal de lograr que Quintana Roo forme parte de la zona A en materia de salario mínimo, cuya propuesta se envió al titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social federal.