La ex alcaldesa de Cancún, Latifa Muza Simón, quien tomó el cargo en abril del 2010, luego de la detención del entonces presidente municipal, Gregorio Sánchez, aseguró que los señalamientos que la relacionan con el desvío de 229 millones de pesos, son parte de una estrategia mediática para desacreditarla, ante el proceso electoral de este 2013.

Como se sabe, recientemente, el nombre de la perredista ha sido referido como parte de la investigación para ubicar a quienes como funcionarios desviaron los 229 millones de pesos que el ayuntamiento de Benito Juárez obtuvo y que estaban etiquetados para obra, pero fueron utilizados, en parte para gasto corriente, y en parte, fueron a parar en empresas al parecer inexistentes o que no realizaron los trabajos para los que fueron contratadas.

De manera escueta, y sin querer abundar, Muza Simón, quien estuvo al frente de la comuna cancunense poco más de tres meses, rechazó las acusaciones en su contra, e insistió en que se trata de una estrategia para desprestigiarla, "de cara al proceso electoral 2013, por eso no estoy dispuesta a sumarme al juego del PRI"; sentenció.

Por su parte, el regidor Alejandro Noya, recordó que el préstamo sí fue recibido por el ex tesorero Carlos Trigos Perdomo, actualmente preso, en los primeros días de gestión de Latifa Muza.

"La información sí se tiene y el recurso fue a parar a diferentes cuentas para gasto corriente, pero sí se tiene, realmente hubo un desvío porque no se usó para lo que fue solicitado", expresó el Concejal.

Agregó que las investigaciones han confirmado que los recursos no se destinaron a obra pública, además de que se detectó que alrededor de 50 millones de pesos fueron entregados a una empresa cuyo representante es Pedro Salinas, un personaje cercano al ex edil, Gregorio Sánchez: "tenemos información, desde el principio de la investigación que hace en este caso Contraloría, y que es precisamente que los recursos se fueron a diferentes rubros, excepto al de obras. Contemplando una partida de alrededor de 50 millones, que sí se ejerció y que se le entregó a una empresa cuyo representante legal era Pedro Salinas, muy relacionado, en efecto, con él, en aquel momento presidente municipal Gregorio Sánchez y esa es la polémica".

Aseveró que los regidores están de acuerdo en que se debe llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación y que los responsables paguen y restituyan el daño causado al municipio. (NoticaribeNews)