Contrato de arrendamiento de patrullas se firmó en total desventaja para el ayuntamiento

Acepta Jorge Alberto Martín Azueta, secretario general del ayuntamiento, la existencia de una denuncia respecto a la falta de pago del alquiler de vehículos que se usan como patrullas, aunque dice que “fue por gestiones de la pasada administración municipal que no se cumplieron, en un contrato hecho con las patas”.

El funcionario municipal empezó diciendo que “la denuncia sí existe. Es una denuncia que tiene el ayuntamiento, pero no fue hecha directamente al ayuntamiento del licenciado Aurelio Joaquín, son unas obligaciones que la pasada administración municipal dijeron que las iban a cumplir en tiempo y forma, pero desgraciadamente no pasó de esa manera”.

Expuso que “nosotros como ayuntamiento no tenemos que responsabilizar a nadie por esta demanda, ya que como servidores públicos del ayuntamiento en este tiempo tenemos que afrontar esa responsabilidad. Y no voy a negar lo de la demanda, pues sí existe, y ya estamos dialogando a través de nuestro departamento jurídico para que Cozumel no sea muy afectado”.

Enseguida calificó que “si me quieres preguntar sobre el contrato, te quiero decir que lo hicieron con las patas o no sé con qué lo hicieron. No sé a quién podría responsabilizar, pero sí nosotros tenemos que afrontar y tenemos que darle las garantías a Cozumel, para que no vuelva a suceder lo que sucedió”.

En su parecer, este contrato no beneficia al municipio, pues “nos estamos dando cuenta que dentro del convenio habían cosas que en lo personal no creo que procedan, como el caso de que si se destruye una patrulla se tiene que reintegrar una patrulla nueva, vamos a analizar muy bien el contrato que se firmó en ese momento y tenga la certeza la gente que vamos a sacar las mejores partes para el ayuntamiento de Cozumel, para que el municipio salga lo menos dañado posible”.
Dijo que al enfrentar la demanda se buscará que la comuna no tenga que seguir pagando más a esta arrendadora, “y cuando termine este proceso buscar a la gente que incumplió o que hizo las cosas mal y que se le finque alguna responsabilidad, pero no depende directamente de nosotros porque para eso existen diferentes instancias dentro de los órganos gubernamentales”.

Al preguntarle sobre una cláusula que señala que una vez terminado el contrato las patrullas y la grúa deberán ser entregadas a la rentadora y en caso de que tengan daños estructurales el municipio estará obligado a comprarlas a precio de agencia, el entrevistado manifestó que “tendremos que debatir con la empresa por el contrato que se firmó con anterioridad en la administración pasada, nosotros tenemos que profundizar en este tema para ver de qué manera Cozumel no salga lastimado que tengamos que comprar patrullas nuevas y entregárselas a quién sabe quién. Si nosotros nos tenemos que ir a tribunales para defender este caso lo vamos a hacer, porque no estamos para regalar y tirar el dinero por compromisos que se hicieron mal hechos, pues yo como servidor público y como gente que ha estado en la iniciativa privada jamás voy a buscar algo que me afecte o que afecte al ayuntamiento o a la parte que estoy representando y que se beneficien otras empresas”.

Como se recordará, este medio de comunicación dio a conocer oportunamente que el ayuntamiento de Cozumel ha sido demandado por la vía mercantil por una empresa radicada comercialmente en Guadalajara, Jalisco, de nombre “Omniarrenda, S. A de C. V. Sofom E. N. R.”, con quien la pasada administración municipal encabezada por el ex presidente Juan Carlos González Hernández, Manuel Ruperto Gurigutia Barrientos, en ese momento síndico municipal, Alvaro Martín Martín, en aquel entonces tesorero, firmaron el 2 de enero de 2009 un contrato por la renta de seis camionetas para patrulla y una grúa por 27 meses forzosos, pagando una renta mensual de 83 mil 355 pesos; pero desde marzo de 2010 dejaron de pagar y a la fecha se deben un millón 513 mil 446 pesos, por lo cual se demandó a la comuna.

Alvaro Martín Martín dejó el cargo en la primera quincena del mes de marzo, y su lugar lo ocupó Juanita Alonso Marrufo, quien al parecer no hizo ningún pago más de este convenio.